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El segundo informe del presidente de Centro, capital del estado de Tabasco, Evaristo Hernández, llamó más la atención porque en este hubo dos personajes que han sido blanco de críticas y señalamientos por su forma corrupta de gobernar de parte de uno, y de otro, por utilizar la política del “robaleo” para ascender.
Según boletín emanado, claro, por la propia autoridad, el tal Evaristo Hernández, “ha cumplido con creces en este segundo año de ejercicio constitucional en el Ayuntamiento de Centro” ¿y quién lo expresa? Pues su amigo, el propio secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega Asmitía, quien fungió como representante personal del gobernador Adán Augusto López Hernández.
El edil Evaristo Hernández Cruz se congratuló por la presencia de un aplicador del llamado “gatopardísmo” como lo ha sido siempre José Antonio de la Vega Asmitía y fue tan así, que entre los dos se echaron flores al por mayor.
Para algunos, este fue un representante de lujo, pero para otros, fue solo un relleno pues el nuevo secretario de Gobierno desde que fue designado no ha aparecido en la escena política en algo realmente importante, pero eso sí, está en actos mediocres en que se le designa solo como adorno porque su presencia no ha significado nada para las funciones de un gobierno estatal.
Si algo ha dañado a Morena y al presidente en estos dos años, son estos dos ejemplares practicantes de la política del pasado. La política rastrera y servil.
Al fin terminan las tomas de casetas en México
La buena noticia es que, al fin, la tan usada estrategia de tomar las casetas de peaje y extorsionar al transporte público y privado por vivales, llegara a su fin. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó establecer como delito agravado la toma de casetas y el llamado boteo en éstas.
Un dizque acto de protesta con fines de lucro, será ahora sancionado legalmente con seis meses hasta siete años de prisión y multa de 750 mil unidades de Medida y Actualización vigentes.
La Cámara de Diputados aprobó ayer con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar con prisión a quien tome las casetas en carreteras del país para pedir cuotas como condición para transitar. El dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes con proyecto de decreto reforma el artículo 533 y adiciona un artículo 533 Bis de dicha legislación.
Pero se fue aún, al ampliar más sanciones para que se termine los bloqueos ferroviarios y de autopistas federales pues el artículo 533 ahora establecerá que quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o parcial o totalmente interrumpa la prestación de servicio, operación o deteriore las vías generales de comunicación (…) se le sancionará con penas de dos a nueve años y multa de 200 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y actualización al momento de cometerse el delito.
La iniciativa dividió al grupo morenista y fue necesario que este partido introdujera una reserva para aclarar que la protesta “con lucro” –a como se le llama a la que representa la toma de casetas de cobro– deberá de ser sancionada con seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil unidades de Medida y Actualización vigentes. Una reducción de pena que deja conforme a los morenistas más radicales. Todo esto inició tras una reserva presentada por la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para reducir las penas.
Esta reforma será en beneficio de la hacienda pública porque de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solo en el 2019, se registraron pérdidas del orden de los 7 mil millones de pesos, afectando con ello las finanzas públicas y el traslado de mercancías.