CARTA ABIERTA
Una de las informaciones de mayor relevancia nacional en estos días es la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. El titular de la Comisión Nacional de Energía, Manuel Rodríguez, es el encargado de sacar adelante esta iniciativa enviada al Congreso por el presidente Obrador. Como se sabe, esta nueva Ley tendrá repercusiones en los ámbitos nacional e internacional.
Con mucho de acierto y talento negociador, Rodríguez la ha venido cabildeando y operando con todas las fracciones. El propósito es aprobarla de la mejor manera posible porque AMLO la envío con carácter de preferente. Hay, pues, dos tabasqueños juntos en esta que es una de las reformas estructurales más importantes de la 4T.
La iniciativa de reforma eléctrica tiene un carácter antimonopólico y va más allá de la libre concurrencia y la libre competencia. Es decir, la reforma no favorecerá el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, CFE.
El propio Rodríguez ha dicho que la nueva ley elimina erogaciones presupuestales con impacto negativo a los contribuyentes y se fortalecen las finanzas públicas, garantizando con ello la estabilidad en la tarifa eléctrica, tal como se ha mantenido durante el sexenio de López Obrador.
En realidad, el centro del problema que aborda la iniciativa preferente son las condiciones adversas que la Reforma Energética, aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, impuso a la CFE para impedirle competir en condiciones de equidad e igualdad ante las privadas.
Con la actual ley, la CFE no puede establecer contratos bilaterales en el mercado eléctrico, como sí lo hacen los privados, quienes además, a través de un esquema de autoabastecimiento, disfrazan la venta a grandes consumidores con precios subsidiados por la misma CFE, quitándole con ello el 15 por ciento de clientes del mercado eléctrico nacional.
Otra critica que Manuel Rodríguez se ha encargado de echar abajo es que la iniciativa de AMLO atenta contra el crecimiento de las energías renovables. En realidad es lo contrario, porque la 4T las ha estado subsidiando a través de diversos mecanismos. Tan sólo en los últimos tres años, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, se han destinado poco más de 245 mil millones de pesos para la administración de los contratos de producción independiente de energía.
En realidad, el cambio en el orden de despacho para las plantas hidroeléctricas, ahora con un criterio de protección civil, contribuirá a garantizar un mejor control y reducir, por ejemplo, el riesgo de las inundaciones que han dañado a Tabasco en los últimos años.
La iniciativa, creada por Obrador e impulsada por Manuel Rodriguez en el Congreso federal, deberá dictaminarse en la primera semana de marzo. Tiene el propósito de beneficiar a los usuarios a fin de contar con un servicio eléctrico confiable, seguro y permanente, a precios razonables.
La idea es hacer de la política energética una de las palancas estratégicas del desarrollo nacional, y es que se basa en un diagnóstico ajeno a cualquier sesgo de tipo ideológico.
Rodríguez lo tiene claro: si bien se han dado pasos importantes para el rescate de las principales empresas productivas del país, como Pemex y CFE, se necesita continuar avanzando hacia la autosuficiencia para evitar incrementos en las tarifas eléctricas y empezar a bajarlas. El reto mayúsculo es tener en 2024 un 35 por ciento del componente de energía eléctrica a base de energías renovables, es decir energías limpias.
Obrador y Rodríguez buscan una competencia equitativa y piso parejo, con base en precios unitarios totales. Porque, hay que decirlo, los cambios legales tampoco afectarán las inversiones de los privados.