GUAYABERA POLÍTICA
A principio de junio de 2013, con la fuerza que portaba en su bagaje político, Roberto Madrazo Pintado pidió que Andrés Granier Melo, gobernador de Tabasco hasta diciembre de 2012, fuera expulsado del PRI y que atendiera el llamado de las autoridades que lo reclamaban para “explicar lo inexplicable”.
Roberto Madrazo acudía en Villahermosa a la ceremonia conmemorativa del 44 aniversario luctuoso de su padre, Carlos Madrazo Becerra, organizada por el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, apuntalado siempre y férreamente por su esposa Martha Lilia, quien le aconsejó el homenaje aunque existía un divorcio político entre ambos.
A Núñez lo representó el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, actual secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega Asmitia, quien como todos los asistentes escuchó atento el discurso de Florizel Medina Péreznieto, orador en el evento.
En entrevista, el controvertido hijo del “Ciclón del Sureste” (Don Carlos), expresó que Granier debía “rendir cuentas sobre lo que pasó en Tabasco”, conocido por todos, «por haberse vivido cercanamente”.
Granier Melo, justa o injustamente, era requerido por la PGJ para responder por presuntos hechos delictivos ocurridos durante su gobierno y ningún correligionario suyo, menos los dirigentes del partido, a quienes benefició desde el poder, salieron en su auxilio.
Pronto olvidaba Madrazo que en 2006, cuando buscaba la Presidencia de la república, Granier buscaba la gubernatura, habiendo coordinado este diversos actos proselitistas y participado juntos en muchos de ellos.
No tuvo empacho Madrazo en calificar el mandato de Granier Melo como un “sexenio fallido”.
Pasaron las semanas, los meses, y los cargos tanto de la autoridad local como de la federal, se sumaban en contra del ex mandatario.
No tardó mucho la PGR en girar las órdenes de aprehensión correspondientes y en hacer pública su lista de presuntos delitos cometidos por Granier, lo que llevó al también ex alcalde, a anunciar desde Estados Unidos (Miami, Florida) en donde residía con su familia, que retornaba al país, voluntariamente, para encarar las acusaciones y limpiar su nombre, lavar, salvar su honra.
Un gesto de hombría de bien, por demás loable.
A su llegada a México, lo apresaron, lo enjuiciaron y lo condenaron a más de 10 años de prisión, de los cuales por motivos de salud pasó recluido cinco y medio en una sala hospitalaria del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, D.F.
Ya está libre de toda culpa. Fue declarado inocente en los dos ámbitos de la justicia mexicana, el federal, primero, el local después.
El PRI, o sea sus dirigentes, renegaron siempre, en todo momento, del ex gobernador, jamás metieron las manos por él, se comportaron como verdaderos rufianes.
Lo que sí hicieron fue sumarse a las peticiones de expulsión y no sólo de las hechas públicas en su contra, sino de varios de sus ex colaboradores señalados como presuntos cómplices en la comisión de múltiples delitos desde los cargos que desempeñaban.
El PRI, exigió el secretario de Organización, Pedro Gutiérrez, por ejemplo, no debía de quedarse en el “deslinde verbal o moral de la actuación de los funcionarios”, sino que debía ir más allá y aplicar su Código de ética.
Primero, puntualizaría Gutiérrez, tendría que dictaminarse una suspensión de derechos partidarios y, luego, de proceder, la expulsión definitiva de las filas.
En descargo, dejó en claro que él no exigiría ninguna acción en contra del ex mandatario, que lo podía hacer otra persona.
Se recuerda muy bien que en ese juego y rejuego de reputaciones, figuraban José Manuel Saiz Pineda, ex secretario de Finanzas, Luis Felipe Graham, ex secretario de Salud, Héctor López Peralta, ex secretario de Obras Públicas y Beatriz Luque Green, ex secretaria de Educación, todos señalados como presuntos responsables de los delitos de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal, además de ejercicio indebido de funciones.
Hoy, el priismo tabasqueño, el que puede quedar después de romper con él las corrientes encabezadas por Roberto Madrazo, Arturo Núñez, Jesús Alí de la Torre, Humberto de los Santos Bertruy y Manuel Andrade, entre otras, lleva como portaestandarte para tratar de recuperar el municipio-capital del estado, Centro, al químico Andrés Granier, ya exonerado por la justicia federal y la local, libre de toda culpa y cargos, sin que lo hubiera reivindicado como debió de hacer desde el primer momento, no quedarse agazapados, los dirigentes, como ocurrió, o asociarse con los denunciantes pidiendo que fuera expulsado de las filas tricolores y le cortaran la cabeza.
Lo que sostiene él, lo que él asegura, es que fue víctima de una confabulación entre Enrique Peña Nieto y Arturo Núñez Jiménez y que no quiere morir antes de que Tabasco compruebe que no ha sido, que no es, que no será un criminal.