CARTA ABIERTA
¿Por qué los ciudadanos no les creen a los gobernadores cuando dicen que acatarán la convocatoria del presidente Obrador en el Acuerdo Nacional por la Democracia para promover la equidad electoral?
Si bien los 32 mandatarios estatales han suscrito ya la propuesta para evitar fraudes electorales y la intervención ilegal de los gobiernos en los próximos comicios, la realidad es que la desconfianza permea en la generalidad de los electores.
Si bien el primer gobernador en hacerlo fue el tlaxcalteca Marco Mena Rodríguez, quien acudió a Palacio Nacional personalmente para responder la convocatoria del tabasqueño, lo cierto es que el ciudadano de a pie sigue pensando en esa vieja frase que hoy cobra plena vigencia: «del dicho al hecho hay mucho trecho».
Las dudas, en todo caso, son justificadas por la tradición caciquil que los mandatarios han tenido siempre en sus estados. Si bien la propuesta de no intervención durante los comicios de junio próximo es un acierto político del presidente Obrador, como el jefe del Estado mexicano, no hay garantía alguna de que los destinatarios vayan a cumplir.
Aunque suenen a agoreros del desastre, los ciudadanos tienen mucha razón en su recelo. Y es que todos los días observan el proceder de algunos gobernadores. ¿Cómo?: imponiendo su voluntad como auténticos reyezuelos, persiguiendo a opositores, censurando la crítica, aún la constructiva, impartiendo una justicia selectiva, interviniendo en sus partidos, imponiendo candidatos y gastando dineros de los contribuyentes para ganar elecciones.
Esto, sin contar su intervención en los congresos locales, en el control de los órganos electorales, de impartición de justicia y de transparencia, así como de los medios de comunicación del Estado, que lejos de estar al servicio de la sociedad están a las órdenes del Ejecutivo en turno.
A pesar de todo este desolador panorama, hay una buena noticia en el exhorto del presidente López Obrador. Esta es que a partir de ahora todos y cada uno de los mandatarios estará bajo la lupa, bajo el escrutinio público. Al haber firmado ese compromiso, los gobernadores tendrán que pensarlo dos veces antes de incurrir en ilegalidades o malas prácticas políticas.
En principio, lo deseable es que los organismos especializados del Gobierno de México pongan más atención en los manejos de los recursos públicos en los estados. También se necesitará que los opositores tengan mayor vigilancia sobre los dineros estatales y que, llegado el caso, presenten las denuncias correspondientes en caso de alguna anomalía.
En lo político, y aunque suene a la ingenuidad de un niño de cuatro años, los gobernadores deben abstenerse de meter mano en el proceso de selección de los candidatos de sus respectivos partidos. Tendrán, además, la obligación de garantizar piso parejo para los participantes de todos los institutos políticos en la elección del 6 de junio.
De ahí viene la relevancia sobre la invitación de Andrés Manuel y que radica en el hecho de tener a los mandatarios bajo una vigilancia mucho más estricta y generalizada. Desde luego, ya habrá tiempo de hacer una evaluación seria para saber quiénes cumplieron y cuáles fueron los que siguieron incurriendo en esas prácticas antidemocráticas.
A esta clase de gobernantes, caciques al fin de cuentas, no tendría que dárseles el derecho ni del perdón ni del olvido. Después de todo, el presidente ha marcado la ruta correcta a seguir.