CARTA ABIERTA
La seguridad personal de los candidatos electorales es un tema que no ha sido debidamente valorado en el ámbito local. En estos tiempos violentos en México, las campañas conllevan todo tipo de riesgos, entre ellos la propia vida de los políticos.
En Tabasco, llama la atención el caso del candidato único de la alianza PRI-PAN a la alcaldía de Centro, Andrés Granier. Sin proponérselo, sin buscarlo, ha generado apoyos masivos de miles de gentes.
A pesar de su convocatoria a no reunirse en grandes cantidades, no obstante sus llamados a cuidar las medidas sanitarias en la pandemia, sus seguidores han salido a las calles a mostrarle respaldo en los primeros dos días de campaña. Sin acarreos, sin dinero, sin un plan encaminado en ese sentido, sus actos han sido los más concurridos.
Si bien esta es una buena noticia para sus seguidores, en el equipo de campaña hay preocupación en cuanto a su seguridad. El peligro de que pueda sufrir algún tipo de atentado es algo que suena en los pasillos del PRI.
Víctima de una cruenta persecución política en el pasado sexenio que le llevó a pasar casi seis años en prisión, Granier ha decidido seguir adelante. Sin embargo, no debe olvidarse al resto de los candidatos en Centro y en el resto del estado.
El INE y el IEPCT, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, tienen el deber de implementar operativos de resguardo a fin de garantizar la protección de los abanderados. El asunto no es ninguna ocurrencia y sí, por el contrario, es un tema serio que debe abordarse con prontitud.
Rubén Salazar, director de Etellekt, consultora nacional que elabora estadísticas de violencia en el ámbito político, observa que la violencia contra responsables políticos locales o aspirantes a cargos electivos es un fenómeno duradero en México.
En lo que va del proceso electoral de México se han registrado 203 agresiones en contra de personas políticas, incluyendo 53 asesinatos. Al hablar a CNN sobre la violencia política en el proceso electoral 2020-2021, dijo que 66 funcionarios sin militancia partidista ni aspiración política en México han sido asesinados de septiembre de 2020 a fines de febrero.
Los estados mexicanos donde más se han registrado agresiones contra políticos son Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Morelos. Hace tres años, hubo un total de 152 políticos asesinados, de ellos 48 aspirantes. En el actual proceso electoral, 8 de cada 10 víctimas son opositoras a los gobiernos estatales. Además, en el 90% de los casos, quienes perpetraron los hechos son comandos armados civiles compuestos de 2, 3 o hasta 5 personas.
En lo que se refiere a la autoría intelectual, las fiscalías avanzan muy lento. Muy pocas veces se ofrece información sobre los posibles móviles y los autores intelectuales. Se pueden mezclar intereses del narcotráfico, de la delincuencia, con otros intereses presuntamente políticos, sugiere el consultor.
A este potencial peligro es al que se enfrentan los candidatos electorales en Tabasco. Si bien no estamos en igualdad de circunstancias respecto a estados más violentos, lo más prudente es emitir medidas de protección que les brinden la seguridad necesaria.
Nada sería más contraproducente que en la tierra de Obrador tuvieran que registrarse casos similares a los de otros estados donde la violencia ha quitado la vida a decenas de políticos. Es momento de aplicar medidas a fin de evitar que la sangre llegue al río de las lamentaciones. Las autoridades están a tiempo de actuar y los candidatos y los ciudadanos en general esperan resultados concretos al respecto. El prestigio del presidente del país está de por medio.