PODER POLÍTICO

El descrédito hacia el adversario ha sido una recurrente práctica mediocre que refleja ausencia de argumentos sólidos entre candidatos cada que hay elecciones constitucionales, cada que renovarán por voluntad popular a la gobernanza, cuando que el elector debe conocer  ante todo las  propuestas convincentes que hagan sentido con las respuestas a demandas de desarrollo social, y no sólo el partido ni el candidato de quienes igual tienen su importancia por la reputación.  

La calidad de la democracia en procesos electorales precisa de corresponsabilidades entre el sistema electoral, el binomio del árbitro administrativo y jurisdiccional, y el sistema de partidos que participa de las elecciones, registrando a sus propios candidatos a los cargos populares que se tienen en competencia en las 32 entidades estatales; para presidencias municipales, excepto Hidalgo y Durango, a diputaciones locales, excepto en Coahuila y Quintana Roo; además de 15 gubernaturas y los 500 legisladores federales.

Una decisión que para nada puede ser una frivolidad ni superficial para los  93 millones 984 mil 196 ciudadanos registrados en el listado nominal de electores, con corte al nueve de abril de 2021, que será hasta mediados de mayo será cuando se conozca la cifra oficial de quienes con credencial actualizada tendrán derecho a elegir votar con el sustento de la información y reflexión sobre los compromisos sustantivos.

El seis de junio próximo en el que se renovarán una suma superior a los 21 mil cargos populares, entre los que son más visibles las diputaciones locales, presidencias municipales, gubernaturas y congresistas federales, que per se le exige al Sistema Nacional de Elecciones, el INE y los 32 Organismos Públicos Locales, el desafío por lograr la mayor participación ciudadana que ejerza su voto en medio de una complejidad mayor ante la irrupción de la pandemia sanitaria por el covid19.

Un voto que no admite ser motivo de desdeño ni de una irresponsable el cruce de la boleta por una ancestral costumbre familiar de optar por un partido o bien un candidato con quien se tiene un lazo de simpatía, dejando atrás lo esencialmente sustantivo de los compromisos que sean factores reales de un bien común.

En los tiempos y circunstancias de la actualidad, la prerrogativa constitucional del derecho político elegir votar debe ser además una obligación moral de electores concurrir en voluntad a popular para elegir con sensatez a aquellos en quienes se depositará el mando para representarle a los 126 millones 014 mil 024 habitantes, según el censo de población y vivienda, que a marzo de 2020, que coexisten en esta nación mexicana.

Un país con evidentes asimetrías en el desarrollo social entre un pujante, centro, norte y occidente frente a los rezagos del sur y sureste en donde están asentados los corredores de una insostenible pobreza ancestral, y sigue en aumento al sumarse aproximados 10 millones de mexicanos en 2020 por razones multifactoriales y no sólo por covid19, de los que la clase cogobernante indistintamente de colores e ideología son igual responsables.

Una es la tendencia de un muestreo de la cascadas de encuesta que son sólo fotografía del momento, pero en lo absoluto no debe ser una condición para abstenerse de ejercer el derecho político a elegir por la sinrazón de un prejuicio que dé por hecho que ya se sabe quién va a ganar.

Por el contrario, el elector tiene y debe concurrir a elegir votar ni por el partido ni por el candidato sino aún más trascendente por un compromiso alineado con la solución a la diversidad de problemas y carencias, que cada vez se agravan a pasos agigantados que los hacen más complicados.

Ahora que en voluntad popular la mayoría por uno u otro candidato para ser presidente municipal, legislador, federal y local, y gobernador no quiere decir que se le otorgue hacer cuanto le plazca como hasta ahora, sino que ahora sí exigir la rendición de cuentas sobre el resultado de su gestión en pro del bien común y ya no más de una facción que sólo le postuló, pasando más con penas que con gloria.

Halla ganado o no el candidato por quien se vote este seis ce junio igual debe cumplir  con la voluntad democrática, comprometido con el conjunto de compromisos que pactó con el electorado en el estado que corresponda, legisladores, presidencias municipales, y gubernaturas; además de congresistas federales.

Hay que tener en cuenta para la reflexión que lo impropio de los desfiguros por quienes aspiran a ser gobernantes entre estos deben rechazarse a quienes violentan la reglas del juego, resultan igual violadores sexuales, se distinguen por actitudes misóginas, irrespetuosos con la moral, pero también con quienes en reiteradas ocasiones le han fallado, además e hurtar al patrimonio de todos.

Hay que cerrarle el paso a la demagogia, a las mentiras, a los actos ilegales que contravienen al estado de derecho electoral, a aquellos que en su carencia de argumento no tienen otro recurso tan bajo que buscar obtener provecho mediante una denostación o bien recurrir a la soterrada comprar conciencias, so pena de ser pillados por el órgano electoral y/o la fiscalía de delitos electorales, con la cancelación del registro.

La promoción del voto y la participación ciudadana en la convergente dicotomía que lleva uno a lo otro es la esencia de la democracia por la que los organismos electorales, federal y locales, enfocan todo su esfuerzo hacia la jornada cívica, porque esta define por voluntad popular e igual legitima a quien resulta ganador.

Bitácora

No es el bien de uno sino el de todos.

Por Eduardo Hernández

    Periodista y Analista Político, graduado por las Universidades Olmeca, Iberoamericana, Complutense de Madrid y Tecnológico de Monterrey, además del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 27 años de experiencia profesional en el ejercicio del Periodismo Análisis, Consultoría, y Comunicación Institucional vinculado a los temas electorales, en Tabasco y Ciudad de México. Autor de la columna «Poder Político» que se publica cada semana  en Diario Presente y en Diario de Yucatán. Autor también del libro «Luchas por el Poder en Tabasco: 1825-2012» que documenta 187 años de historia y legislación electoral, editado por la Universidad Olmeca.