PODER POLÍTICO
Qué tanto inquieta al grado de quitar el sueño que un sistema presidencialista además de demócrata, consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la coyuntura de los tiempos y circunstancias les tenga confrontados, y con gravedad absoluta se dé un retroceso hacia un régimen autocrático el cual pretende decidir qué sí y no le conviene a sus facciosos intereses, y no de los 126 millones de mexicanos.
Aquí no se trata de qué y no le conviene a una clase política cogobernante que cuando menos en la contemporaneidad de los 50 años recientes ha dominado como familia los mismos rostros y apellidos independientemente del cambio de ideologías, siglas, y colores; sino qué le conviene a un México aprisionado por los rencores y frustraciones de una élite que ha quedado a deberles todo, apropiado igual de sus conciencias.
Por algo será que clase de cogobernante, que ni clase tienen ni políticos son sino unos farsantes, quienes vergonzosamente enlodan a la genuina política, cuando ocho de cada 10 mexicanos les repudian ante la confianza traicionada, respecto de un mandato que se les otorgó por voluntad popular, con el compromiso de cumplir con los satisfactores de bienestar reflejados en calidad de vida, sobre todo para los niveles socioeconómicos medios y bajos, confinados gradualmente a la miseria.
Basta con echar una mirada al Canal del Congreso para tener la evidencia del degradante nivel de legisladores que sin oficio ni beneficio mancillan a la representación popular; que a la inversa quienes antes eran oposición hoy que son mayoría no admiten que quienes antes fueron gobierno y hoy son oposición les aporten a robustecer una ley y/o enmienda constitucional estructural, no de coyuntura.
Dueños absolutos de la verdad quienes ahora dominan, tanto que no le mueven ni una sola coma a la inminente aprobación de su labor legislativa, así contravenga a los intereses de una sociedad plural per se.
La crisis sanitaria por la irrupción desde el 27 de diciembre de 2019 del coronavirus con características de inmediata propagación humana y letalidad fue sólo la cereza al pastel de la infinidad de problemas socioeconómicos y políticos.
Haber pretendido hace cuatro décadas el gobierno administrar la abundancia ante la efervescencia de la renta petrolera, a la distancia del discurrir del inexorable tiempo en la actualidad no le hallan el modo para administrar tampoco la precariedad de los pesos y centavos cada vez más escasos.
El orden de los factores si altera y en demasía a un país de se presume demócrata, aunque en menor medida ante el obsesivo derrocamiento de los contrapeso de las instituciones autónomas que tiene por asignatura de ser contrapeso a la gestión administrativa del gobierno federal y del pacto de sus 32 entidades locales.
Por supuesto que los organismos autónomos son instituciones del estado con funciones específicas, que para nada duplican funciones sino que contribuyen a robustecer el espíritu constitucional, el fiel de la balanza en la estructura de la gobernanza política en sus tres niveles.
Por supuesto que incomoda que el Censo de Población y Vivienda levantado en marzo de 2020 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística muestre a detalle, incluso por colonia y manzana, las carencias que subyacen una nación; que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social confirme que igual durante el año pasado incrementó en 10 millones la población en situación de pobreza y pobreza extrema; o bien el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales obligue al gobierno a rendir cuentas a la sociedad porque con sus impuestos le sostiene y opera.
Los organismos autónomos cumplen con el principio de transparentar el ejercicio de lo público no con el afán de exhibir a la administración pública sino que esta tenga conocimiento y se replantee la hoja de ruta para encausar con precisión prioritarias en pro de cumplir con la implementación de políticas públicas que contribuyan a una solución estructural, y no un asistencialismo ancestral.
Los organismos autónomos tienen su importancia radica en el ejercicio libre y autónomo de la función de la gestión pública para garantizar que halla la prevalencia de un Estado democrático de Derecho.
En este contexto se inscriben igual el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, ambos en su ámbito son reguladores del cumplimiento de segmento tecnológicos como radio y televisión, además de evitar monopolio alguno, respectivamente.
El Instituto Nacional Electoral y organismos locales integrantes del Sistema Nacional de Elecciones también tiene su función pública autónoma de organizar elecciones constitucionales, en la renovación periódica de las autoridades de gobierno, ejecutivas y legislativas, por voluntad popular.
El INE en su caso tiene la particularidad de un poseer un Servicio Profesional Electoral Nacional que evalúa las capacidades y competencia de sus integrantes, con refrendo del categoría, opción a competir por ascensos e ingresos de nuevos elementos que garanticen el cumplimiento de los perfiles. Ningún otro organismo tiene la exigencia considerando que son el principal contrapeso democrático de cualquier nación que se precie de serlo.
Por qué desaparecer el principal de los activos democráticos y demás organismos autónomos, cada uno con sus propósitos ¿acaso por no ser lacayos del régimen en turno?
Bitácora
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios , Cofepris, vinculada con el Departamento de Regulación y Fomento Sanitario debería ser autónoma. Validar vacunas anti covid19 es delicado.
eduhdez@yahoo.com