PODER POLÍTICO
Cómo entender las perversas conveniencias de la falsa clase política cogobernante en el que según el saldo de sus intenciones se pronuncian en pro y/o en contra de una democracia mexicana, relativamente joven a la que se pretende socavar hasta derribar un inmenso esfuerzo que inició con la Reforma Política de octubre de 1977, el punto de inflexión a partir de la cual se han desgranado otras tantas que le han abonado.
La democracia no es un mero concepto para aquellos actores públicos de ocasión que poco o nada de neuronas poseen para comprenderla, que su esencia es centro del entramado de un país, que a diario lucha por subsistir libre y autónomo.
Una expresión de democracia genuinas serán las elecciones concurrentes, locales y federales en el país del seis de junio próximo; oficialmente 93 millones 935 mil 039 electores inscritos en el listado nominal del INE podrán optar elegir presidencias municipales, excepto, Hidalgo en y Durango, diputaciones, excepto en Coahuila y Quintana Roo; además de 15 gubernaturas y a los 500 legisladores federales.
Elegir votar representa el acto más importante de civilidad ciudadana, siempre y cuando se decida a hacerlo con la conciencia de que es un derecho político constitucional suyo, independientemente de sexo, raza, lengua, ingresos o propiedad, profesión, clase social, educación, religión, capacidad impositiva o convicción ideológica.
El acto de la emisión del voto que debe ser ejercido sin coerción y sin presión como antaño; además en secreto garantizando la libre expresión de la voluntad del elector que impida que este sea presionado para optar por uno u otro candidato, partido y la propuesta.
Cada ciudadano, con su credencial de elector, debe votar por sí mismo y sin intermediarios, en la mampara sólo estarán él y su conciencia. Nadie más.
Debe tenerse en cuenta que toda política pública de gobierno reflejada en programas sociales y obra de infraestructura para mejora de una calidad de vida y satisfactores de bienestar no es una gratuidad. Por lo contrario, obedece a una obligación mandatada con el voto que se ejecuta con el patrimonio económico de todos que sin excepción tributan impuestos directos y/o indirectos; por el predial de sus propiedades, refrendo vehicular y el IVA por el consumo de los bienes y servicios.
Ninguna acción de gobierno, absolutamente ninguna, es gratuita cuando se financia con las contribuciones de las y los mexicanos. Para eso se les elige.
En los tiempos y circunstancias actuales de una inédita pandemia sanitaria, la del covid19 con característica de letalidad, la aplicación de la vacuna de inmunidad contra el coronavirus se paga entre todos con las aportaciones de todos los mexicanos.
Es una obligación gubernamental consagrada de origen el artículo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se incluye el derecho a salvaguardar la salud pública de la ciudadanía.
Qué diferencia contrastante en el discurso emitido a propósito del primer lote de vacunas de Pfizer, el 24 de diciembre de 2020 en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando el canciller Marcelo Ebrard habló de que el arribo del biológico representaba “el principio del fin” de la pandemia y Jorge Alcocer, Secretario de Salud, por lo contrario le enmendó la plana al precisar que aun con la aplicación hay que mantener las estrictas medidas de sanidad.
En medio del oportunismo demagógico y el exhorto responsable, ninguna acción oficial debe ser motivo para que en estos tiempos y circunstancias halla obligación de votar por quienes son candidatos afines uno u otro régimen; así sea federal, local o bien municipal, para eso se les eligió.
Ni las pensiones que reciben los adultos mayores inicialmente de 70 y más ni el Seguro Popular, fueron una condicionante en su momento por sentirse comprometidos a votar, como antes de ello sí fue la compra y coerción de la voluntad popular. En lo que va del siglo ha habido tres alternancias de régimen presidencial.
No se trata de estar e contra o en favor de ningún gobierno, así sea neoliberal y/o progresista de izquierda, sino de elegir votar en los elecciones de este seis de junio en conciencia, con el sustento de un voto informado y reflexionado sobre las propuestas sustantivas que hagan sentido con la realidad.
El elector deberá ser lo suficientemente maduro y responsable para cumplir con su derecho político de votar, hacer a un lado todo prejuicio sobre quién ganará o perderá, cuando la mayoría decide quien será el próximo gobernante, ejecutivo y legislativo. Cada elector decide en secrecía.
Cada candidato tiene sus claroscuros en el discurrir de la trayectoria como actor público, la decisión no puede equipararse a la suerte de un volado; debe obedecer a una responsable definición ciudadana, incluso si se trata de una reelección permisible desde la reforma política, federal y locales, de 2014.
En una sociedad nada es definitivo y sí perfectible, entonces por qué pretender borrar de un plumazo a los organismos autónomos que son contrapeso democrático del gobierno, y ambos se deben a la sociedad.
Trasladar las elecciones al Poder Judicial le convertiría en juez y parte considerando que el Tribunal Electoral es también del Poder Judicial de la Federación, así que la propuesta oficial es inviable; además cuanto se ha avanzado en democracia tiene que seguir siendo perfectible.
Bitácora
¿Por qué será que el artículo 134 constitucional, que prohíbe propaganda personalizada con la obra de gobierno, carece de su ley reglamentaria sancionatoria que por artículo transitorio de la Reforma Política de 2014 debió expedirse el 30 de abril de ese año?
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