Poder Político
El entramado democrático electoral dicta que la mayoría así sea por la mínima de un solo voto perfila como ganador a quien es favorecido entre voluntad popular que elige a sus sus autoridades ejecutivas y legislativas de gobierno, acontecido el domingo seis de junio con el ejerció del derecho político de los ciudadanos que los candidatos están obligados a respetar en la sensatez ideológica, conociéndose el resultado oficial a parir de este miércoles cuando inicia el cómputo d de la totalidad de actas levantadas en casillas.
El árbitro de las elecciones salvaguarda el interés patrimonial de la ciudadanía mexicana así como en sus entidades federativas; apegado a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
Vigilante el órgano de que el voto se halla emitido de manera universal, en libertad, en secrecía, además de haber sido directo, personal e intransferible. Las prácticas ilegales son parte del pasado.
No hay motivo para alegar técnicamente un fraude en una jornada cívica genuinamente ciudadana, teniendo en cuenta que es esta la que recibió y contó los votos de sus vecinos en la sección electoral correspondiente, ante la presencia de representante de todos los representantes de partidos que reciben una copia del acta correspondiente en la sección y casilla, así como de observadores y visitantes extranjeros.
La calificación de las elecciones si bien son oficiales no tienen el carácter de definitividad, igual que ninguno de los acuerdos ni lineamientos emitidos en el discurrir de las actividades preparatorias al acto de la votación, cuando que pueden ser aún impugnados ante los órganos jurisdiccionales y estos en el estudio del caso les otorgará la razón o bien confirma los argumentos que acompañen a un eventual juicio de inconformidad, en el que se puede demandar una anulación del cargo popular.
El Sistema Nacionales Elecciones, INE y organismos locales, sólo organizan elecciones además de emitir las reglas de competencia, y los candidatos postulados por partidos e independientes, los que en su caso están obligados a conducirse conforme a esos acuerdos establecidos en armonía con la leyes y la constitución, incluso durante el período de campaña destinada a difundir sus compromisos ante electores.
Asumir posturas radicales para descalificar al árbitro electoral federal y locales sobre asuntos que bien conocen bien el cause de solución legal en el Pleno del Consejo Estatal del que forman parte, no hace sino enrarecer el ambiente, por la pretensión de obtener un usufructo sembrando la cizaña de la suspicacia, la duda, pudiendo derivar en el extremo al abstencionismo.
Un comportamiento que no es ético ni moral el enturbiar un proceso y las votaciones cuando en concurrencia el domingo anterior los 32 estados sostuvieron elecciones para elegir diputaciones locales, excepto en Coahuila y Quintana Roo, presidencias municipales, excepto Hidalgo y Durango, además de 15 gubernaturas y los 500 legisladores de la Cámara baja del Congreso de la Unión.
Inaceptable que aquello no obtenido por la voluntad popular en las urnas pretendan lograrlo en la sinrazón, sobretodo cuando se estuvo frente a una renovación de gobiernos ejecutivos y legislativos a nivel macro, que jamás en la historia de los casi 200 años de vida como país se habían tenido.
Un acto de elegir semejante cantidad de cargos locales en simultáneo, que definitivo trascenderá hacia un cambio radical en la correlación de las fuerzas del sistema de cogobierno, en el que todos buscan avanzar en poseer lun mayor territorio de gobernabilidad, pero la obligatoriedad debe ser en la calidad competitiva de los candidatos.
A la distancia de 30 años desde aquel 1990, contando en la institucionalización de los organismos electoral luego en 1996 lograda su autonomía, la manera de organizar por mandato constitucional las elecciones de cargos populares de gobernanza ha tendido a ser cada vez más pulcra, aún en medio de la controversia.
Pretender responsabilizar actos deshonestos que los hay entre institutos políticos como de los institutos electoral, es una cobardía cuando en el análisis de sus comportamiento reflejan la falta de competencia mutua, llevándole a cometer actos ilegales.
Los partidos ni los organismos se mandan solos sino que se deben a un marco jurídico legal que les impone penalizaciones, claro cuando vulneran los principios democráticos vulnerados recayendo por lo general en la apatía.
El árbitro electoral no es autoridad en su caso de carácter administrativo única sino que forma parte de un sistema en el que convergen los Tribunales Electorales Locales y del Poder Judicial de la Federación, y aún más las Fiscalías de Delitos Electorales que por su naturaleza se ocupa de dar cause a los casos que le presenten los actores; partidos, candidatos y la ciudadanía, con el respaldo de una ley general en la cual se prevén penalidades tanto económicas como de prisión, según la gravedad que se acrediten.
Para fortuna de la propia democracia en las 32 entidades del país se observó una participación ciudadana que acudió a cumplir con su derecho cívico de elegir en voluntad popular a sus autoridades de gobierno, que en la proporcionalidad de su ejercicio le conceden legitimidad, comprometiendo a quienes son favorecidos para cumplir con su función pública.
Bitácora
La libertad de expresión, en elecciones y medios periodísticos, como contrapeso democrático deben preservarse ante la intentona por socavarle. Este siete junio se celebra el debate de las ideas.
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