Poder Político


Indiscutiblemente que todos los involucrados en la puja por hacerse de la gobernabilidad mexicana ganaron durante la concurrencia de las 32 votaciones locales y la federal, no conforme a sus prospectivas pero lograron objetivos importantes para sus causas. Aunque el indiscutible ganador aquí sí absoluto fue el árbitro que en una coordinada coordinación logró movilizar a un promedio del 52 por ciento del electorado en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del civid19.
Aun cuando los jugadores ante la ausencia de argumentos hicieron todo lo posible por demeritarse unos a otros en el sentido contrario de la democracia, la calidad de este entramado se dio por parte del Sistema Nacional de Elecciones liderado por el INE que, sin engancharse en asuntos que sólo competen a los partidos y candidatos, se ocupó de organizar una jornada cívica afín a principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, además de máxima publicidad.
Parafraseado el dicho refranero popular, al INE y sus Organismos Públicos Locales en vez de afectarle tantos agravios por desacreditarle, al grado de las abiertas amenazas por desaparecerle, por lo contrario se fortaleció ante el colectivo social.
El depositario de la función pública del estado con carácter de autónomo literal se ocupó de las actividades previas para una inédita jornada cívica, per se compleja por la concurrencia total de las 32 entidades locales y un fenómeno que no estaba en el radar hasta el 27 de diciembre de 2019, cuando se consignó el primer caso en el mundo, pero nunca se dimensionó sus atroz alcance.
No sólo México sino que en el mundo los países con regímenes democráticos, en los tiempos y circunstancias iguales para todos, fueron exigidos a replantearse el particular modelos para llevar a cabo la renovación de sus autoridades de gobierno.
Entre estos regímenes democráticos hubo que reflexionar experiencias en el ámbito de los organismos internacionales en los que convergen, sobre todo de aquellas naciones en las en medio de la pandemia llevaron a cabo sus procesos, caso Corea del Sur e Israel, sobre el éxito de unos y el fracaso de otros que convocaron a votar.
En México, cuando la emergencia sanitaria cedió durante un breve período en una suerte de tregua, se votó el 18 de octubre de 2020, comicios que de origen debieron hacerse el 7 de junio, para alcaldes en Hidalgo y legisladores en Coahuila, con los resultados aceptables y también el aprendizaje de haber implementado medidas extremas sanitarias.
El Sistema Nacional de Elecciones cumplió con su doble propósito; que los actores, partidos y candidatos, se ciñeran a hacer campaña de proselitismo también debiendo cumplir con las reglas sanitaras, mientras que en el caso del INE y los Organismos Públicos Locales a llevar a cabo toda una estrategia integral intensa para promover el voto y la participación ciudadana, enfatizando la trascendencia por hacer valer el derecho político de elegir en voluntad popular a sus gobernantes, a quienes por medio del sufragio mandata.
Una evidente realidad que en campaña la generalidad estuvieron rostros ya conocidos por su trayectoria pasada, aunque no por ello debía dejarse de votar sino que el elector requirió ser escrupuloso al plasmar en la boleta el sentido de su elección por aquel que más allá de la reputación se le debió ponderar por unos compromisos que hicieran sentido con la realidad de sus demandas de un bien común, el del colectivo social.
La votación en lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral creció respecto a la media histórica de los procesos intermedios, contrastante con el decrecer en algunas localidades, pero igual debe tomarse en cuenta la amenaza de una pandemia con riesgo de contagio y letalidad.
El mexicano salió a manifestarse en las urnas ante todo para enviar el mensaje cívico de todos quieren el mismo propósito, que desde los cargos de mando ejecutivos y legislativo ahora sí miren por la prosperidad y no atendiendo a una obediencia ciega que es enemiga de la representatividad popular.
La ciudadanía mexicana, pese a estar ya año y medio acechada por el covid19, con responsabilidad y vocación cívica concurrió a expresarse en voluntad popular para elegir a sus autoridades de gobierno, obligados estos a entregarle resultados, y no a los intereses facciosos que por historia se escudan en el registro de un partido político que igual traicionan al espíritu de esta figura jurídica.
Constitucionalmente se entiende que los partidos políticos son organizaciones que por su naturaleza también le pertenecen a la ciudadanía, afines a una ideología, principio de doctrina así como programa de gobierno; nunca a una facción ni a un corporativismo que embozados pretendan el accesos a las posiciones del mando, con el riesgo sectario.
Desde luego que la suerte de las coaliciones que se integraron igual tuvo su rentabilidad, reconociendo que alguno de los aliancistas si hubieran ido en solitario habrían perdido el registro; como ya ocurrió con los emergentes que en la ilegalidad es fue asignados, pero que poco o nada convencieron al juicio ciudadano, no alcanzaron en solitario el umbral mínimo del tres por ciento de la votación requerida.

Bitácora

La corresponsabilidad no termina con el ejercicio del voto sino que ahora debe ocupar a todos acompañar a la democracia representativa, asegurando que lo comprometido se cumpla en beneficio de todos, aún más considerando que las necesidades crecen mientras los pesos y centavos ya no son tan prósperos.
eduhdez@yahoo.com

Por Eduardo Hernández

    Periodista y Analista Político, graduado por las Universidades Olmeca, Iberoamericana, Complutense de Madrid y Tecnológico de Monterrey, además del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 27 años de experiencia profesional en el ejercicio del Periodismo Análisis, Consultoría, y Comunicación Institucional vinculado a los temas electorales, en Tabasco y Ciudad de México. Autor de la columna «Poder Político» que se publica cada semana  en Diario Presente y en Diario de Yucatán. Autor también del libro «Luchas por el Poder en Tabasco: 1825-2012» que documenta 187 años de historia y legislación electoral, editado por la Universidad Olmeca.