Poder Político
Aun cuando se ha acentuado a últimas fechas, data desde inicios de la actual gestión el encartar a unos y descartar a otros en todos los frentes en candidaturas a la Presidencia de la República, hacia la elección de 2024. Una realidad que en la coyuntura de los tiempos y circunstancias pos intermedia de 2021 enturbia tóxicamente a un país llevado al hartazgo de su colectivo social, urgido este de soluciones estructurales a sus demandas de bien común.
De la ancestral época oscura del Priato en el que prevaleció la cultura del tapado, el estatus quo cambió para romper con la inquisitoria disciplina del oficialismo de entonces.
Parafraseando la máxima acuñada por Fidel Velázquez, extinto secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, ahora rotas las ataduras el que no se mueve no sale en la foto, teniendo como punto de inflexión un disruptivo Vicente Fox, entonces gobernador por Guanajuato, quien incluso desde 1996 irreverente al régimen se allanó el camino para el triunfo que dio por término una “dictadora perfecta” de 71 años, a la que aludió el peruano poeta Mario Vargas Llosa.
Aunque hubo también quien emergido del trópico mexicano hizo del ecosistema electoral su hábitat natural. Luego de tres décadas sin desmayo alguno de una “loca” necedad, aprovechó los yerros del adversario en el mando de la gobernanza para hacerse de un capital que en el 2018 logró lo impensable para sus detractores. 30 millones de votos, el 53.6% del total emitido, igual echando abajo a un una arrogante partidocracia.
Un eterno animal electoral con descomunal fuerza política acumulada de tres décadas y lo que después ha sumado para que por sí mismo halla derrotado a un sistema de partidos que también se creyó invencible, y no sólo él sino que con su nombre hizo ganar a muchos de sus afines que sin haber hecho gran esfuerzo se beneficiaron con el cargo. El norte del país igual lo hizo suyo en la votación.
Habida cuenta que de extremo a extremo, en lo que va de esta gestión actual de la cuarta transformación la mente de los actores públicos está ocupada en posicionarse ante la voluntad popular, pretendiendo mostrar la talla de competitividad en la ambición por los cargos de gobernanza. Principalmente de aquellos que buscan ceñirse la banda presidencial de México.
El árbitro electoral absolutamente no tiene margen alguno de maniobra más allá de un exhorto al llamado a misa para frenar el abierto placeo, desbordado en el protagonismo de quienes se asumen como la clase política cogobernante, aun cuando se saben sin oficio ni beneficio, falsos respecto de lo que exige tener un perfil de la estatura de un Jesús Reyes Heroles y Heberto Catillo, uno afín a la derecha y otro identificado con la izquierda que dejaron una indeleble huella.
El Sistema Nacional de Elecciones no tiene los argumentos por la sencilla razón de que quienes definen las reglas del juego condensados en una reforma política electoral, constitucional y a las leyes, son quienes como legisladores y detrás los partidos políticos deciden qué sí o no cambiar a su conveniencia, en donde los marginados son las candidaturas independientes en total desventaja.
Aún menos tienen la voluntad ni el interés manifiesto por desterrar la descarada ambigüedad en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, replicado en las locales, cuando se establecen los plazos de precampañas y campañas dentro del proceso electoral, tomando el inicio de este como encuadre de una veda para no llevar a cabo actos anticipados.
Saben que si eliminan la ambigüedad de la veda en su planteamiento actual equivaldría a dispararse un plomazo en los pies porque entonces sí nadie podría moverse de la foto ante el riesgo de ser borrados de la misma, obligados a ceñirse a los períodos de precampaña y campaña de candidaturas, que de entre la más tentadora predomina la Presidencia de la República.
En la ceguera por extinguir un árbitro electoral autónomo, el Congreso de la Unión, diputados y senadores, debería definir una reforma política que les exija a partidos y candidatos a elevar el nivel de calidad en el entramado de la democracia, que auténticamente sea de competitividad entre las opciones a optar de gobernanza.
Elevar el umbral mínimo de exigirse a obtener el 5% de la votación total emitida en las elecciones contribuiría a que el sistema de partidos se ocupara porque en la realidad representen opción de gobierno, además de que aquellas organizaciones civiles que aspiren a constituirse como partidos tengan también el banderín no de un ridículo 0.26% del listado nominal para acceder al registro sino de cuando menos del 1% que se les requieren a quienes aspiran a ser candidatos independientes para la Presidencia de México.
Teniendo en cuenta que de los 93 millones 439 mil 999 ciudadanos registrados en el listado nominal del INE, con corte al 25 de junio de 2021, no es lo mismo que una asociación civil tenga que acreditar un padrón de 242 mil 944 militantes para obtener el registro como partido político nacional a que quien aspira a candidato independiente genuinamente ciudadano, obligado a acreditar el respaldo popular de 934 mil 400 firmas de apoyo para competir para Presidente de México, y en menos tiempo.
Visto desde este ángulo, tienen mucho en qué ocuparse el constituyente, federal y locales, para estructurar una reforma político electoral que corrija marcadas asimetrías electorales.
Bitácora
El Congreso de la Unión tiene el pendiente desde 2014 por emitir la ley reglamentaria al artículo 134 constitucional, que sancione a quienes como funcionarios hagan campaña personalizad con la obra y recursos públicos.
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