CARTA ABIERTA
El domingo 1 de agosto se llevará a cabo la consulta ciudadana que el presidente Obrador ha asegurado que servirá para decidir si se enjuicia o no a los exmandatarios de lo que él considera el periodo neoliberal: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
A pesar de que la pregunta inicial fue reformulada por los ministros de la Corte, para dejarla finalmente en un lenguaje cantinflesco, el primer mandatario ha dicho que se trata de una cuestión que puede traducirse de manera “sencilla”: ¿Quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?
El caso es que la pregunta que aparecerá en la boleta de este domingo no incluye los nombres de los expresidentes. ¿Por qué? Esto es lo que aclara una información publicada por el diario El Financiero, donde se señala que el tabasqueño presentó el 15 de septiembre de 2020 el documento para solicitar la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes mexicanos, la cual incluyó la pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
El documento que incluía esta pregunta, así como algunas acusaciones específicas en contra de los exmandatarios, fue enviada al Senado de la República. Luego, el Senado envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la propuesta que recibió del presidente. El 1 de octubre de 2020, la Suprema Corte declaró constitucional la consulta ciudadana enviada por AMLO, pero propuso una nueva pregunta.
La pregunta aprobada, que aparecerá en las papeletas del domingo 1 de agosto de 2021, no menciona los nombres de los exmandatarios y es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Bajo estas condiciones tendrá lugar el ejercicio ciudadano que debe registrar al menos el 40 por ciento de participación de la lista nominal del padrón de electores. Sólo de esta manera los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como las autoridades competentes, iniciarán las acciones legales correspondientes al resultado.
El padrón electoral del INE suma 93 millones 597 mil 559 personas registradas, por lo que la consulta requerirá un mínimo de 37 millones 439 mil 23 de mexicanos para ser vinculante. El INE instalará 57 mil 124 mesas receptoras en todo el país, las cuales serán operadas por 286 mil 380 funcionarios.
Si bien el propósito explícito es llevar a juicio a los expresidentes, el dirigente priista Dagoberto Lara Sedas ha criticado el alto costo de 580 millones de pesos, así como su opinión de que se trata de una estrategia de distracción y manipulación política. En contraparte, el próximo coordinador de la bancada de Morena en Plaza de Armas, Jaime Lastra Bastar, asegura que será parte fundamental para que los ciudadanos sean tomados en cuenta en las decisiones de los gobiernos.
Ante ello Obrador ha dicho que “la gente quiere la democracia y quiere la democracia participativa, no sólo la democracia representativa. No es que cada tres años vas a votar, cada seis años vas a votar; no, puede ser cada año o dos veces al año, si hay democracia participativa, porque se le está consultando al pueblo”.
La consulta es vista también como una especie de examen para medir el poder de convocatoria nacional del presidente, y una señal sobre lo se viene en 2022 con la revocación del mandato presidencial. ¿Ganará o perderá Obrador el domingo?