CHAPALEO
A TRES años de distancia, la mitad del sexenio y la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ahora nos sale conque casi el 50 por ciento de las personas internas en las cárceles del país siguen en prisión preventiva. “Eso no es posible”, asegura el Presidente
UNA INVESTIGACIÓN revela que hasta el mes de abril de este año están recluidas en las 288 cárceles del país un total de 217 mil 969 personas, de ellas, 190 mil son acusadas de delitos del fuero común y 28 mil del fuero federal,
EL ÓRGANO Administrativo de Prevención y Readaptación Social dice que hasta octubre del 2020 el número de detenidos en prisión preventiva era de 90 mil personas, lo que quiere decir que al menos 4 de cada 10 individuos esta privada de su libertad, sin que haya constancia real de que cometió algún delito.
ALEJANDRO JIMÉNEZ Padilla, abogado penalista y coordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana, conoce este dato y se incomoda por la predilección de las fiscalías por encarcelar a personas para crear la apariencia de que se hace justicia efectiva.
CONSCIENTE DE esta realidad el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en esta semana que está preparando un decreto para liberar, antes del 15 de septiembre próximo, a todos los reos que en más de diez años no han sido sentenciados, a los que tengan más de 75 años de edad, los mayores de 65 años que padezcan alguna enfermedad y los que fueron torturados pero que no hayan cometido delitos graves
ASEGURÓ EL jefe de la nación, que en penales federales hay doce mil 358 presos sin haber recibido sentencia y muchos del fuero común, “ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto”. Y se pregunta “¿Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia”?
LA SECRETARIA de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que el 43 por ciento de las personas privadas de su libertad siguen en prisión preventiva” -o sea, para ella esto es chisme viejo, sí lo sabe- y añade con mucha firmeza sin siquiera ruborizarse: “en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o en el mismo penal” No puej.
Y CLARO que hay más, mucho más, pero por hoy me voy no sin antes comentarles que los más felices con esta decisión del Presidente AMLO son los familiares y los mismos reclusos que están purgando condenas por delitos que jamás cometieron. Pero no deben obtener solo su anhelada libertad, hay que llamar a los procuradores hoy fiscales generales del Estado de aquellos tiempos porque saben mucho de estos asuntos, que les pidan perdón públicamente, que los indemnicen y algún castigo debe aplicárseles.