Poder Político

Los partidos políticos y legisladores en el Congreso de la Unión, senadores y diputados, deberían ocuparse en reflexionar auténticamente sobre la calidad de la democracia en lo que a su propio ecosistema compete, porque claro está que no tienen el nivel ni la capacidad que exige ejercer el rol para el cual aspiran a ser electos por voluntad popular. Aún más, requieren ese sesudo análisis de reconocer sus marcados negativos y escasos positivos antes de pensar en una Reforma Política Electoral.
Si algo está mal en el entramado democrático de las reglas del juego electoral es justo la mediocre baraja de opciones política y en candidaturas que en definitiva no están para presumir, cuando por algunas razones el 1 de julio de 2018 el elector decidió botarlos para decantarse por la alternancia que en ese momento había, por un candidato que participaba en su tercera ocasión para el cargo de la Presidencia de la República, afianzado en un movimiento de asociación civil.
Un movimiento, no un partido, que en colectivo del pragmatismo de sus afines venidos de todos los frentes, sumado a los actores públicos con antecedente de militancia ideológica quienes coaligados en el parafraseo de su denominación “juntos hicieron historia”, al arrebatarle el pedestal del mando en el país; y por una marcada diferencia que jamás en el imaginario pensaron ni se dieron la oportunidad de ponderar el escenario marcado por un foco rojo.
Sería muy desafortunado que clase cogobernante, emergida de una partidocracia venida a menos, no asimile los por qué de ese mazazo por fracaso que recibieron ante un evidente repudio generalizado de la sociedad, que en el mosaico de la geopolítica de los tres niveles de gobernanza mucho han quedado a deber respecto de una desgastada retórica, comprometida en ella el proveerles de un bien común incumplido entre las colectividades sociales. No les cumplió a cabalidad, salvo a una que otra excepción.
Pero igual en el extravío de ese movimiento, que en medio de los muchos intereses contrastantes se halla confrontados les resultará muy complicado coexistir en razón de que esencialmente quienes allí convergen, particularmente los liderazgos forman de esa misma elite defenestrada. Una burbuja que en el centralismo de las decisiones del régimen no todas son asertivas.
Bajo este paraguas quienes que en su momento contribuyeron a forjar las instituciones como contrapeso democrático al gobierno, al revés ahora están obsesionados por destruirles porque en su retorno a la autocracia les estorba, caso muy puntual del sistema electoral que cumple con su rol trascendental como órganos públicos autónomos responsables de organizar las elecciones para el acceso al poder público.
Imposible poder imaginarse que se concrete una reforma política electoral sin que esta no considere un elemento fundamental como acentuar la calidad de la democracia, que necesariamente debe tener entre sus prioridades elevar el umbral mínimo no del ridículo 1.5 por ciento que prevaleció mucho tiempo ni el 3 por ciento de la votación válida emitida para conservar el registro sino que se eleve cuando menos a 5 puntos porcentuales para conservar ese registro condicionado.
El proceso de democratización que tiene su origen en la Reforma Política de 1977 que fue promulgada ese seis de diciembre, coordinada por Jesús Reyes Heroles, que abrió a la pluralidad política ideológica debió continuar una evolución y no una involución. La asignatura que urge para ayer es consolidar la calidad de la democracia entre esa pluralidad de opciones ideológicas.
Sólo así se podrá tener los cimientos que sean un acicate para que el sistema de partidos políticos sean exigidos a replantearse desde sus principios de doctrina, programa de gobierno y los estatutos, como documentos básicos que deben observar, incluido en la formación profesionalizada de sus cuadros que con la convicción ideológica puedan preciarse de tener los argumentos para aspirar primero a ser en lo interno precandidatos y luego candidatos en la renovación constitucional por los cargos de gobernabilidad pública, ejecutivas y legislativas.
Genuinos políticos que tengan una fecunda convicción de lo que significa el ejercicio de la auténtica política, con autoridad para asumirla y no ser ridículamente títeres que lejos de representar los intereses del colectivo social se comportan como lacayos de esa elite que en su mezquindad deciden qué y no deben hacer. Un fraude a la voluntad popular.
Cómo poder entender que se coarte al interior de un grupo legislativo el sentido del voto, castigado con la suspender los derechos de militancia en Morena, a un diputado que por congruencia optó por un paquete de ley de ingresos y egresos presupuestal para financiar políticas públicas de beneficio común, sólo porque la línea fue oponerse en sistemático. Sucedió en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ambas ya desaparecidas, gobernando entonces el PRD.
Ahora que el orden de la ecuación se invirtió, quienes ayer fueron oposición y hoy que son una avasallante mayoría en el gobierno legislativo del Congreso de la Unión imponen en el abierto autoritarismo, aunque la generalidad de esa bancada no sepa el detalle sobre la trascendencia de la iniciativa de ley y o bien reforma constitucional. Pero el hecho es que en su ignorancia votan según la línea de quienes cohabitan en esa burbuja de la Junta de Coordinación Política.

Bitácora

México no el único pero sí debe importar ocuparse y no preocuparse de sacudirse la tóxica polilla corrupta e impune, falsa.
eduhdez@yahoo.com

Por Eduardo Hernández

    Periodista y Analista Político, graduado por las Universidades Olmeca, Iberoamericana, Complutense de Madrid y Tecnológico de Monterrey, además del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 27 años de experiencia profesional en el ejercicio del Periodismo Análisis, Consultoría, y Comunicación Institucional vinculado a los temas electorales, en Tabasco y Ciudad de México. Autor de la columna «Poder Político» que se publica cada semana  en Diario Presente y en Diario de Yucatán. Autor también del libro «Luchas por el Poder en Tabasco: 1825-2012» que documenta 187 años de historia y legislación electoral, editado por la Universidad Olmeca.