Poder Político
La Iniciativa de Reforma Política Electoral con Proyecto de Decreto propuesta por el senador Ricardo Monreal Ávila en el análisis a detalle tiene sus positivos y negativos; aunque no es genuina sino que se sustenta en la que el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna -también por Morena- presentó en marzo de 2019. Aún menos en lo absoluto integra la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una Reforma Electoral destinada al fracaso si Monreal Ávila no acepta ser receptivo a cabildear en la sensatez de que la solución no es debilitar sino fortalecer el andamiaje jurídico. Pareciera emular al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León con su denominada “Reforma definitiva” de 1996, en la que se logró la autonomía al IFE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, extinguiendo injerencia gubernamental.
Sólo entre septiembre de 2018, inicio del primer periodo ordinario de sesiones, y el 30 de abril de abril de 2019, final del segundo período ordinario de sesiones, ambos del primer año legislativo del actual Congreso se presentaron 114 iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, de las que no se hizo integralmente una Reforma Política hasta el 2 de junio de 2020, fecha en la que finalizó el plazo establecido por el artículo 105 de la Constitución Federal, hasta 90 días previos al inicio del Proceso Electoral.
La iniciativa del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, una de las 131 que es espejeó de la que promueve de Ricardo Monreal, raya en el ridículo de titularla “Proyecto de Decreto (…) en materia de Austeridad Republicana y Austeridad Electoral”, todavía más en el absurdo de proponer incorporar la palabra “austera” en el artículo 40 constitucional, que corresponde a la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno.
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, austera y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
En iniciativa del senador se pueden apreciar aportaciones sobresalientes de las que en anteriores entregas este espacio de análisis político exactamente se planteó la mismo; cerrar el paso al abierto libertinaje de hacer proselitismo todo el tiempo, excepto al iniciar los Procesos Electorales que en la ambigüedad establece los períodos de precampaña y campaña electoral, que impulsa.
En la coyunta del confinamiento por el covid19 que obligó a demorar las elecciones de Hidalgo y Coahuila, previstas para el 7 de junio al 18 de octubre, también aquí se propuso la pertinencia del voto en urnas electrónicas y por los teléfonos inteligentes, mediante la aplicación del INE, escaneando el código QR de la credencial vinculante al Registro Federal de Electores, con geolocalizador para sufragar por los cargos federales y locales respectivos, sin olvidar internet que ya se implementa para el extranjero.
Bajo este paraguas el presupuesto destinado a la organización de las elecciones se reducirían de manera sustantiva, conservando estructuralmente el Sistema nacional de Elecciones creado con la Reforma Política del 10 de febrero de 2014 y sí hacer las adecuaciones que le hagan aún más robusto.
Por cierto, han discurrido siete años y contando desde que el 31 de mayo de 2014 con motivo de la Reforma Política vigente se estableció en un artículo transitorio que esa fecha se expediría la ley reglamentaria al artículo 134 constitucional para que quien transgreda la prohibición de hacer promoción personalizada con la obra púbica sea sancionado con rigor, incluso inhabilitado.
Caso Pablo Amílcar Sandoval, quien fuera súper delegado en Guerreo en la pretensión por hacerse de la candidatura a gobernador, evidenciado en cadena nacional; su hermana Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, quien antes de renunciar debió abrirle un expediente y aplicarle la ley.
El Ejecutivo se ha pronunciado desde el radicalismo por desaparecer al aún vigente Sistema Electoral; pero su objetivo se centra en extinguir al INE, que como árbitro ha defendido su autonomía para con los Proceso Electivo Constitucionales en los que se renuevan por voluntad popular a las Autoridades Públicas de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas del ámbito federal, y además reglamenta las 32 locales.
No oculta su intolerancia hacia Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, organismo al que como opositor y ahora con la investidura de Jefe de Estado responsabiliza directamente de ser copartícipe del “fraude” en su contra en 2006 y 2012, logrando un avasallador triunfo el 2018.
El pronunciamiento ha sido de depositar en el Poder Judicial la atribución de organizar las elecciones como cogobernante, en la división de Poderes; olvidando que esta instancia tiene ex profeso al Tribunal Electoral igual asumiendo el control de constitucionalidad en los medios de impugnación que presentan partidos políticos y candidaturas por lo que a su juicio contraviene a la democracia en Acuerdos y Resoluciones del INE, incluyendo la demanda de anular elección; como las gubernatura de Tabasco en el 2000 y Colima, en 2002y 2015.
Bajo este paraguas, el Poder Legislativo no puede tener en su dominio al mismo tiempo el monopolio de las funciones administrativas y jurisdiccionales, no puede ser juez ni parte.
Bitácora
Lorenzo Córdova Vianello concluirá su gestión en el INE el 3 de abril de 2023, y un perfil idóneo para concursar por la presidencia sería Santiago Nieto Castillo, otro animal electoral. Aunque ser parte del gobierno se lo impide la constitución.
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