GUAYABERA POLÍTICA
Tengo en mis manos, amable lector, un espléndido trabajo sobre la corrupción, elaborado por juristas colombianos de muy alto nivel, catedráticos e investigadores que prestigian a distintas universidades de su país, ellos: Jorge Enrique Carvajal Martínez, de la Universidad Nacional, Carlos Arturo Hernández Díaz, de la Universidad Externado y José Eduardo Rodríguez Martínez, de la Universidad Autónoma, un trabajo de lo más completo e interesante, titulado “La corrupción y la corrupción judicial, aportes para el debate”.
Me he detenido en su lectura este fin de semana, llevado por el personal interés de documentarme un poco sobre los delitos en que podrían incurrir aquellos servidores públicos que prestan sus servicios en un juzgado o en una fiscalía –podrían ser los mismos jueces y fiscales-, al enterar irresponsablemente a las partes demandadas que una querella, que una acusación ha sido presentada en su contra y, no sólo eso, sino que lo hacen dándoles cuenta pormenorizada de su contenido, una actitud claramente fuera de la ley que se presume nada “gratuita”.
Así, tenemos que la corrupción, que no sólo es un mal presente en el ámbito de la sociedad civil, aparece como pandemia en casi todas las áreas de lo público, no podían entonces ser una excepción las encargadas de la procuración y la administración de la justicia, cuyos principales valores a salvar son la libertad y el honor de las personas.
El trabajo de estos maestros y tratadistas colombianos, nos lleva a comprender de mejor manera cómo la corrupción y la corrupción en la justicia, están siendo percibidas por la sociedad, principalmente en países de América Latina, México entre ellos de manera preponderante, los casos de corrupción en la justicia mexicana corren casi parejos con los que se registran en Perú y la propia Colombia, patria de los autores que puntualizan que el método de investigación utilizado en la realización de su trabajo, es de tipo socio jurídico y parte de la problemática social de la corrupción y la relación con la administración de justicia.
Combatir este terrible mal, nos dicen Carvajal Martínez, Hernández Díaz y Rodríguez Martínez, es uno de los principales retos, no sólo de los países mencionados sino de la sociedad y de distintos organismos internacionales que velan por la transparencia de las naciones, la ONU, en sus “objetivos sobre la paz, justicia e instituciones sólidas”, propone “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”.
El texto, se encuentra estructurado en tres partes. El primer apartado presenta un panorama de la corrupción como problema generalizado en América Latina, para lo cual utiliza como fuente los estudios realizados por Naciones Unidas. El segundo apartado hace una lectura del fenómeno de la corrupción en la justicia, a través de tres estudios de caso, a saber, de México, Perú y Colombia. Por último, se presentan las conclusiones del trabajo.
El punto de partida de este trabajo es la pregunta: ¿Cuáles son las causas de la corrupción judicial en Colombia, México y Perú? Ya se dijo que el método utilizado es de tipo socio jurídico, que parte del problema social de la corrupción y lo relaciona con la administración de justicia.
El enfoque metodológico es de tipo cualitativo, con base en el estudio de dos encuestas de percepción sobre la corrupción en el área latinoamericana y caribeña hechas por las Naciones Unidas, se pone de manifiesto “la crisis de legitimidad” en la elección de los encargados de velar por el correcto funcionamiento de los tribunales y fiscalías, así como “la debilidad de la institucionalidad”, temas que llamaron poderosamente la atención del reportero, pues en nuestro amado Tabasco hay casos de “infidelidades” y “traiciones” a la institucionalidad, que auténticamente espantan al más ecuánime.
Combatir la corrupción en todos los ámbitos pero fundamentalmente en el terreno de la justicia, no es un objetivo reciente ni novedoso, pero aún se está muy lejos de alcanzarlo, pues no es suficiente con cambiar periódicamente de plaza a jueces y fiscales, no, hace falta mucho más que eso.
El pago de sobornos es uno de los índices con mayor presencia cuando de medir el grado de corrupción en el sector justicia se trata.
Se dan casos, pues… Y sabemos de algunos casos.