CDMX. En el proceso de discusión, análisis, dictaminación y aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica en la Cámara de Diputados, ‘aunque no tenemos prisa, México tampoco permite que tengamos pausas’, sentenció el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González.
Rechazó que la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador haya sido frenada o postergada por presión de Estados Unidos, y dejó claro que tanto el gobierno del vecino país del norte como las eléctricas privadas pueden tener la certeza de que podrán seguir participando en el mercado energético nacional; no habrá expropiaciones directas ni indirectas, eso es falso, reviró.
El legislador tabasqueño aseveró que la ruta para lograr un sistema eléctrico eficiente, confiable, continuo, con tarifas accesibles y económicas, sigue su marcha, por lo que antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, esto es, “este mismo 2021”, ‘habrá dictamen’, mismo que será sometido al pleno para su aprobación a más tardar el 15 de diciembre próximo, afirmó.
Adelantó que la próxima semana, en el seno de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía se determinará la metodología de análisis y discusión de la reforma, y se establecerá el calendario del Parlamento Abierto que convocará a la participación de todos los interesados en el tema, llámese cámaras empresariales, colegios de profesionistas, sector social, sector público, entre otros.
Manuel Rodríguez confirmó que a este ejercicio que ‘dará voz’ a todos los involucrados en el sector, también se extenderá invitación a los dueños y/o directores ejecutivos de empresas privadas que generan electricidad en México, para que de manera directa y sin intermediarios, planteen sus inquietudes y conozcan a profundidad los alcances de la iniciativa presidencial.
En el Parlamento Abierto, atajó, ‘no hay veto para nadie; lleva implícito un compromiso de inclusión para todos, incluso, hasta para las voces más críticas’. Garantizó que todo lo que enriquezca la iniciativa de reforma será tomado en cuenta.
El legislador anticipó en ese sentido que cuatro puntos son los que no están a discusión: uno) la rectoría del Estado mexicano sobre el sistema eléctrico nacional; dos) elevar a rango constitucional la Transición Energética; tres: el fortalecimiento de Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es la empresa de todos los mexicanos; y cuatro) la explotación del litio será facultad exclusiva del Estado mexicano.
HABRÁ MAYORÍA CALIFICADA
Rodríguez González remarcó que la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro trabaja arduamente para generar los consensos y los acuerdos que permitan la aprobación del dictamen de la iniciativa de reforma, con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados que conforman la Cámara baja.
“Estamos seguros que antes de que concluya el periodo, el próximo 15 de diciembre, el dictamen estará votado. Hay confianza en que vamos a lograr los consensos para pasar la iniciativa aprobada a la Cámara de Senadores, donde será discutida a partir de enero de 2022”, reiteró.
Apuntó que después de aprobada en el Senado, el dictamen continuará el procedimiento establecido por el Constituyente Permanente, por lo que pasará a los Congresos estatales, donde se requiere el voto favorable de 16 más uno ‘para que tengamos la reforma constitucional’, un proceso que se prevé concluya a más tardar el 15 de abril de 2022’.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Energía se dijo respetuoso de todas las voces que expresan dudas con respecto a la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador, y en el caso de las posturas expresadas por congresistas de Estados Unidos y su embajador Ken Salazar, clarificó que México está actuando de manera soberana.
Atribuyó esas posturas a todo el escenario de incertidumbre y desinformación que la oposición ha construido en torno a la iniciativa, e insistió en que ésta ni pone en riesgo inversiones ni viola los compromisos asumidos en el seno del T-MEC, suscrito por México, Estados Unidos y Canadá.
“En el T-MEC, en el apartado de energía, se establece claramente que cada uno de los países puede legislar en el tema de manera soberana, que es lo que está haciendo México, y también prevé los mecanismos de arbitraje cuando se considera que surge algún tema de vulnerabilidad a los derechos de las empresas y los países participantes”, argumentó.
El diputado por Tabasco estableció que, en ninguno de los casos, las modificaciones constitucionales previstas configuran una intentona de expropiación directa o indirecta.
La iniciativa ofrece a los privados un margen de participación en el 46% del mercado nacional de generación eléctrica; es decir, garantiza un sistema mixto, donde la CFE y la IP podrán incursionar de manera sólida, con ganancias justas que permitan que las tarifas no sólo se estabilicen, sino que puedan ir a la baja para que sean económicas, concluyó.