CARTA ABIERTA
El ‘helicópterogate’ vivirá un episodio decisivo en las próximas semanas, con la expectativa de que el exgobernador Arturo Núñez Jiménez y quien fuera su secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, sean llamados a declarar en torno a la compra de esa fantasmagórica nave y los cerca de 40 millones de pesos desaparecidos.
Cuando todo mundo pensaba que el asunto había sido olvidado, como muchos otros en los últimos tres años, ha salido el fiscal general de Tabasco, Nicolás Bautista Ovando, para informar que el exmandatario perredista y el exsecretario de Gobierno podrían ser llamados a declarar “en caso de ser necesario”.
En términos generales, el fiscal dijo que la investigación continúa, que hay avances, pero que es obligado guardar sigilo por la presunción de inocencia de los presuntos responsables. Por lo pronto, ya han declarado personas que estuvieron en la coordinación de Protección Civil en el gobierno de Arturo Núñez.
Las indagatorias se han demorado porque hay algunos involucrados que viven en otros estados. No obstante, el caso sigue adelante y las comparecencias se darán conforme avancen las investigaciones.
El caso, reactivado por Carlos Manuel Merino en el III Informe de Gobierno, ha dado lugar a las más diversas especulaciones de una y otra parte. Por un lado, se habla de un presunto peculado y por la otra se asegura la ausencia de delito, según un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, se habla de un faltante de al menos veinte millones de pesos.
¿Hasta dónde es factible que la Fiscalía decida llamar a declarar al exgobernador Arturo Núñez y al exsecretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres? Nadie lo sabe aún. Lo que se observa, con claridad, es la firme decisión de la autoridad para evitar que el expediente se convierta en un caso político, en una cacería de brujas.
Lo que son las cosas, lo que Arturo Núñez hizo con su predecesor Andrés Granier es lo que ahora busca evitarse: usar la ley como instrumento de propaganda y venganza política. Por lo pronto, los ciudadanos están a la expectativa de saber si Núñez y Rosario serán llamados ante la justicia en los tiempos donde ya no hay intocables.
: EL CAMPO, POR FIN
El gobernador Merino ha dado un paso decisivo en la reactivación económica integral de Tabasco, apostando por la inversión en el sector primario, un área del desarrollo olvidada en los últimos años.
Junto con el titular de la Sedafop, Jorge Suárez Vela, ha presentado el Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural (PROEM Tabasco) y el Programa de Micro Financiamiento al Sector Ganadero, instrumentos financieros para acercar recursos al sector rural que en su conjunto entregarán créditos por más de 350 millones de pesos.
Por vez primera en más de 15 años se generarán incentivos y apoyos para productores del campo. Ahora, Tabasco contará con apoyo para todos los sectores productivos permitiéndoles acceder a créditos. Es, sin duda, el pago justo de una deuda histórica con los productores.
El mensaje es claro: López Obrador ha decidido rescatar el campo tabasqueño, tal como lo prometió en campaña. Por lo que se ve, la responsabilidad de Jorge Suárez Vela es convertir esos apoyos gubernamentales en mayores incrementos de la producción en el estado.
: CONFLICTO EN EL CICT
Irrespetando las reglas internas, escritas o no escritas, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, CICT, Alfredo Villaseñor Negrete, busca imponer una modificación unilateral a los estatutos del organismo, sin haberla consensuado con todas las partes involucradas.
A pesar de haber lanzado la convocatoria respectiva el pasado viernes, Villaseñor pretende que el cambio a los estatutos se apruebe este 26 de noviembre, sin que los 326 miembros del cuerpo colegiado hayan recibido el informe de su contenido.
La estrategia de imposición de Villaseñor Negrete cuenta, al parecer, con la complicidad de los miembros de la Junta de Honor del propio CICT, porque hasta ahora no se han pronunciado al respecto.
Fuentes del CICT aseguran que cualquier modificación a los estatutos, por su enorme importancia dentro de la vida interna del organismo, debe primero pasar el filtro de los acuerdos y el consenso a fin de hacerlo en el marco de la transparencia.