CARTA ABIERTA
Tan seguro estaba el Gobierno de Adán Augusto de no ser responsable de encarcelar a cuatro inocentes por un presunto delito de secuestro en 2015, que dio todas las facilidades al director del documental ‘Duda razonable’, Roberto Hernández, para hacer libremente su investigación en suelo tabasqueño y descubrir la verdad.
Así lo reconoce el propio director de la serie de Netflix en una entrevista concedida al diario local La Verdad del Sureste (https://la-verdad.com.mx/miniserie-netflix-no-esta-cerrado-caso-las-tres-personas-acusados-por-secuestro-121267.html). Roberto Hernández da las gracias; sí, las gracias, al Gobierno de Adán Augusto López “por todas las facilidades y el apoyo que nos dieron para dar a conocer lo que pasa en un caso de secuestro”.
Este testimonio, por sí mismo, sirve para entender que la actual gestión gubernamental no se escondió en relación a este escandaloso episodio que ha indignado a la opinión pública nacional e internacional.
En las facilidades dadas al cineasta para su indagatoria periodística intervinieron, por órdenes de Adán, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropeza, el fiscal general Jaime Lastra Bastar, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ángel Mario Balcázar, y el director del CRESET, Juan Manuel Arteaga Martínez.
Es decir, el Gobierno morenista quitó cualquier obstáculo para conocer la realidad de los hechos que tienen a tres hombres inocentes en prisión, con penas individuales de cincuenta años. Por sentido común, al abrir las puertas del penal de Tabasco y de las instituciones involucradas, se entendió dónde se había maquinado esta infamia.
De acuerdo al filme, la manipulación se gestó en el Gobierno perredista de Arturo Núñez, teniendo a Fernando Valenzuela Pernas como fiscal general y a Jorge Priego Solís como el titular del Poder Judicial. Es un despropósito monumental negar lo plasmado en el material cinematográfico, que establece los hechos en 2015, es decir la mitad del sexenio nuñista. Fue en esa gestión cuando se capturó, investigó, enjuició y condenó a Héctor Muñoz, Juan Luis López, Gonzalo García y Darwin Morales. Ni antes, ni después.
La confusión que pretende crear un exfuncionario del anterior Gobierno estatal es que esta administración no hizo lo conducente para revisar el caso y corregir las fallas cometidas. Se le olvida un detalle a este veterano político de mil batallas, ya retirado, y tan cercano a Arturo Núñez: el amparo promovido por la parte defensora se interpuso ante la instancia federal a fines de 2018. Por lo tanto, desde el inicio de este sexenio el caso estuvo en el ámbito de la SCJN.
Pero aun suponiendo, sin conceder, que los funcionarios de este Gobierno se abstuvieron de actuar para corregir el entuerto, ¿acaso esto exime de responsabilidad al gobernador del pasado sexenio, al exfiscal general y al expresidente del Tribunal Superior de Justicia? ¿Acaso la hipotética inacción de las actuales autoridades libra de culpa a quienes, en realidad, incurrieron en la fabricación de un delito, en 2015?
La respuesta, por obvia, resulta chocante desde el más elemental sentido común, sabiendo que el documental ‘Duda razonable’ sitúa los hechos con claridad en torno a fechas, nombres y cargos. Sin que el prestigiado cineasta Roberto Hernández tenga tras de sí a grupos políticos o a personajes interesados en dañar la imagen de alguien en particular, los sucesos enmarcan una responsabilidad obvia sobre quienes en esos momentos estaban al frente de los destinos de la justicia en Tabasco.
Lo más sensato sería llamarlos a cuentas, porque pueden existir más expedientes con personas sin culpa tras las rejas. Después de todo, la torcida impartición de justicia es un cáncer que avanza en todo el país. Por desgracia, Tabasco ha tenido esa ingrata ‘distinción’ de ser un ejemplo de ello.