Todos en Morena saben que el diputado federal Manuel Rodríguez González es, después del presidente, el más fuerte impulsor de la reforma eléctrica, esa en la que tantas esperanzas ha puesto Obrador para garantizar el abasto de luz a bajos precios. Ahora ha lanzado una nueva estrategia que apunta a lograr el consenso y su aprobación en el Congreso.
Se trata del Parlamento Abierto sobre la Reforma Constitucional Eléctrica que arrancó el lunes con 19 foros de discusión, lo que, en palabras del presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro, contribuirá a robustecer la iniciativa con puntos de vista técnicos, no ideológicos.
Se espera que en las próximas cuatro semanas este ejercicio permita escuchar a los especialistas y las voces de quienes tienen interés en el tema, como usuarios mayores, generadores de energía, consumidores y académicos. Rodríguez ha ofrecido escuchar a todos, con la certeza de que sus opiniones serán tomadas en cuenta. Se trata de entrar a un análisis de fondo que ayude a encontrar aportaciones adicionales para enriquecer la iniciativa, pero respetando el espíritu original: recuperar la rectoría del Estado en el sector eléctrico, a partir de un servicio de calidad y tarifas a bajo costo.
Obrador ha dicho que uno de los objetivos centrales de la reforma es construir un sistema eléctrico confiable y continuo, que ponga a México a la vanguardia y lo perfile como una potencia, con capacidad para atender la demanda que irá creciendo de la mano con la transición energética. Rodríguez apuntala: con la reforma habrá tarifas más bajas para los usuarios domésticos, y también para que los empresarios sean más competitivos.
En el círculo cercano a López Obrador y Manuel Rodríguez hay confianza en que una vez culminada esta fase de análisis, diálogo y consensos, se lograrán los votos necesarios y obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para sacar adelante la reforma, porque incluso en la oposición hay quienes han comprendido que estos cambios son necesarios.
Si bien el Parlamento Abierto arrancó el lunes, desde hace varios meses se ha dialogado con todos los grupos parlamentarios y con integrantes del sector. Así, han conocido la situación real del sistema eléctrico nacional y su mercado, entendiendo la necesidad de corregir muchos aspectos técnicos. Se dice en Morena que hasta los adversarios han coincidido en que hay una parte legal muy importante en beneficio de los 130 millones de mexicanos que debe modificarse, y eso a su vez contribuirá a establecer reglas y condiciones parejas para todos.
El principal impulsor de la reforma eléctrica después del presidente Obrador insiste en que los cambios no frenarán las inversiones privadas en el sector ni echarán abajo los contratos en marcha. Por el contrario, las inversiones continuarán y están garantizadas. Incluso habrá más participación de los particulares, porque se abre a estos el 46% del espectro nacional, lo que equipara el mercado mexicano al de Argentina y Chile juntos.
Por ejemplo, hoy existen 46 millones de unidades que funcionan con combustible, y para 2040 todas tendrán que ser eléctricas, como parte de un proceso de cuidado del planeta y de combate al cambio climático. En la actualidad, México tiene sólo 24 mil unidades eléctricas. Entonces, el requerimiento va a ser tan grande que el mercado va a crecer, y ese 46% que le tocará a los inversionistas privados será inmenso.
Así, Manuel Rodríguez parece haber enterrado el mito de que la IP no participará más en el sector, o que lo hará de una forma insignificante, dos de los motivos principales que han llevado al rechazo de la iniciativa presidencial por parte de los dueños del dinero en el país y el extranjero.