Poder Político

Aunque constitucionalmente como principio de imparcialidad no se puede ni se debe ser juez ni parte, bajo el paraguas de los farsantes de los actores políticos se constituye el laty motiv en la transversalidad de los tiempo y coyunturas, la «Revocación de Mandato» no es la excepción cuando que Morena violó el artículo 35 constitucional fue promotor de las firmas de apoyo y ahora también el artículo 32 de la Ley, quebrantando además la democracia al inducir el sentido del voto.
En la víspera de que este 4 de febrero iniciara el Instituto Nacional Electoral a promover la participación de las y los ciudadanos en la consulta de «Revocación de Mandato» en radio además de medios digitales, Morena circuló por redes sociales el diseño de la boleta que se utilizará, pero con su logotipo y el cruce en el recuadro correspondiente a la continuidad del Presidente de los Estados Unidos mexicanos que ellos mismos impulsaron como candidato.
La obligación del INE y también de los partidos políticos, incluido el «Movimiento» como ellos se auto denominan, debe centrarse estrictamente en convocar a la participación ciudadana para que concurran el 10 de abril próximo a emitir su voto, nunca a inducirlo en un sentido u otro.
Inverosímil que quienes desde el Congreso de la Unión presentaron la iniciativa de reforma constitucional y la ley respecto del ejercicio democrático, en su momento emitidas por decreto, sean justo los afines al movimiento emergente, que aun cuando poseedor del registro como partido político no honran a la democracia.
¿En qué país del mundo, además de México, una coalición que registró como candidato al Jefe de Estado en funciones luego promueve la «Revocación de Mandato», y finalmente pretende hacer promoción para inducir a la ciudadanía a que lo confirme?
La «Ley Federal de Revocación de Mandato», emitida por decreto del Diario Oficial de la Federación, fechado el 14 de septiembre de 2021, en su artículo 19, fracción V, relativo a la convocatoria precisa la literalidad de la pregunta que quedará impresa en la boleta, sin admitir interpretación ni modificación alguna.
«¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? », en este caso a Andrés Manuel López Obrador.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, depositario del control de constitucionalidad enmendó la plana, echando abajo una tramposa pregunta oficial inducida de ratificación, nada que ver con la pregunta legal con la que se hallarán quienes concurran a manifestar el sentido de votar a favor o en contra, eso sí reflexionado, en libertad y secrecía.
Morena, sin filias ni fobias, principal interesado aun siendo juez y parte, está obligada a ceñirse a la promoción institucional durante los siguientes dos meses que distan al 6 de abril, exactos 3 días previos al domingo 10 de abril cuando se instalarán las casillas para el ejercicio democrático.
El «Movimiento» no tendría necesidad alguna para retomar las prácticas del pasado, ni de acarrear ni condicionar, ni forzar nada cuando las encuestas de opinión públicas promedian el 65 por ciento la aprobación de la figura presidencial. El único bache se dio en marzo de 2020 cuando el movimiento feminista lo bajó a menos del 50 por ciento.
Deberían ocuparse y distraerse en una promoción que imparcial incluso entre los 30 millones 113 mil 483 que eligieron al Presidente de México en 2018, a participar esta vez en la «Revocación de Mandato»… Un error sería confiarse.
Incurrir en prácticas coercitivas es innecesario. Documentar la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía de Delitos Electorales les marcaría a Morena, una latente raya más al tigre de la insensatez al Estado de Derecho por parte de quienes presumen comulgar con la democracia.

Bitácora

México es un país de instituciones y leyes que deben respetarse, le guste o no a la pluralidad social.


eduhdez@yahooo.com

Por Eduardo Hernández

    Periodista y Analista Político, graduado por las Universidades Olmeca, Iberoamericana, Complutense de Madrid y Tecnológico de Monterrey, además del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 27 años de experiencia profesional en el ejercicio del Periodismo Análisis, Consultoría, y Comunicación Institucional vinculado a los temas electorales, en Tabasco y Ciudad de México. Autor de la columna «Poder Político» que se publica cada semana  en Diario Presente y en Diario de Yucatán. Autor también del libro «Luchas por el Poder en Tabasco: 1825-2012» que documenta 187 años de historia y legislación electoral, editado por la Universidad Olmeca.