CARTA ABIERTA
“El caso podría involucrar irregularidades y violaciones a derechos humanos, las cuales podrían insertarse en un patrón de violaciones sistemáticas cometidos por autoridades locales encargadas de la procuración e impartición de justicia…”.
Este es uno de los párrafos medulares del comunicado emitido por la Suprema Corte, en el que ha sustentado la atracción del caso Duda Razonable. El señalamiento, destinado a tener serias repercusiones para los involucrados, va dirigido al pasado Gobierno perredista, encabezado por Arturo Núñez y que tuvo al fiscal Fernando Valenzuela Pernas y al presidente del Tribunal Superior, Jorge Priego Solís, como responsables del sistema de justicia.
Este golpe a la credibilidad del sexenio pasado no puede dejar de relacionarse con el caso del exgobernador Andrés Granier, quien ha insistido en haber sido víctima de una persecución política, basada en la fabricación de pruebas contra él, su familia y sus colaboradores en el Gobierno, lo que derivó en su encarcelamiento de seis años. Estamos, como asegura la Corte, ante un posible escenario de violación sistematica de la ley.
Por lo pronto, el Tribunal Constitucional analizará y resolverá el caso del amparo promovido por las tres personas sentenciadas por secuestro, el cual ha generado gran interés nacional e internacional a raíz de la publicación del documental Duda Razonable. El caso ha generado “seria preocupación social” sobre el correcto funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Y es que la resolución del amparo podría servir para sentar criterios de interés y trascendencia. En especial sobre aspectos poco explorados en su jurisprudencia sobre el debido proceso y el sistema penal acusatorio, así como para profundizar y robustecer la doctrina jurisprudencial existente.
En el 2015 fue cuando cuatro hombres fueron detenidos en Tabasco acusados de secuestro, mientras uno de ellos logró salir en libertad los otros tres se quedaron en la cárcel donde fueron sentenciados a 50 años de prisión.
Los ministros aceptaron atraer el asunto a petición del presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, por lo que será el pleno el que analice de fondo y resuelva en próximas fechas. El quejoso solicitó la interpretación del artículo 14 párrafo segundo y tercero, 16, 20, 21 y 23 constitucionales, para entender el auténtico significado de la normatividad constitucional y fijar o explicar el sentido o alcance del contenido de dichos preceptos. Asimismo, solicitó la interpretación del artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para esclarecer el concepto y alcances del derecho humano a la presunción de inocencia, estándar probatorio, estándar probatorio de duda razonable.
Estos vericuetos legales son los que el sistema de impartición de justicia del gobierno de Arturo Núñez, encabezado por los entonces titulares de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, son los que han quedado sobre el tapete de la discusión.
Si bien la Suprema Corte sólo se centrará en el estudio y análisis de los expedientes para determinar si se cumplió o no con el debido proceso en contra de los sentenciados, queda abierta la puerta para que si se violó alguna norma, y en consecuencia los derechos humanos, los dañados tomen la decisión de proceder en contra de los exfuncionarios involucrados.
La respuesta sobre lo que harán los abogados de la parte afectada resulta más que obvia.
: RECUPERADOS
El exgobernador Andrés Granier y el dirigente del PRI en Tabasco, Dagoberto Lara, han salido ya de la fase más crítica de sus respectivos contagios por el coronavirus. Parece que el COVID se ensañó con los priistas, ya que también se enfermó el secretario del CDE, Marco Leyva.