FRANJA SUR
En las redes de la justicia simuladora jamás caerán peces grandes pues su diseño es para capturar a los peces pequeños a fin de justificar que algo se está haciendo en el tema del combate a la corrupción.
Sin embargo, estos enjuagues con tintes de manipular a la sociedad ya no tienen el éxito deseado, tal vez porque la comunidad hoy está metida en los actos de gobierno o porque los temas de impunidad rebasan las estrategias perversas en la aplicación de la justicia convenenciera.
Así, el arresto de José Eduardo Rovirosa Ramírez, ex presidente municipal de Macuspana, trajo de manera inmediata el caso del ex gobernador Arturo Núñez Jiménez, cuya administración tiene deuda con la justicia de Tabasco.
Miguel Vélez Mier, quien coordina la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del estado, reclamó que no basta con encarcelar a los alcaldes infractores de la ley, sino que deben reintegrar el dinero al erario, y, tocó el tema que es dinamita pura para el gobierno de Tabasco y asociados: El caso Arturo Núñez.
¿Hasta cuándo harán justicia al pueblo de Tabasco, cuyo gobierno perredista dejó un desfalco de más de cuatro mil millones de pesos?, por supuesto, no es un tema menor y, aquí es donde «la tunca tuerce el rabo», pues ahora el asunto de Cuco Rovirosa, devela el tamaño de la impunidad que se vive en la tierra presidencial, al darle grotesca protección a la administración del sexenio pasado.
Por eso, se dice en voz alta en las calles de Tabasco que las detenciones de Juan José Martínez, ex director del Tecnológico de Comalcalco, y ahora de José Eduardo Rovirosa, hacen más visible la gigantesca impunidad que vegeta en Tabasco, donde la ley no se le aplica a presuntos cómplices de este régimen.
En julio de 2020 elementos de la Fiscalía General del estado (FGE) detuvieron a Martínez Pérez, por “ejercicio indebido de funciones y atribuciones en agravio de esa institución y del gobierno”.
Se le acusó de irregularidades en 11 millones 600 mil pesos al favorecer a cuatro empresas ambientalistas, además de un desvío de unos 130 millones relacionados con la llamada «estafa maestra».
Y, los primeros reportes sobre el caso Cuco Rovirosa refieren sobre irregularidades en un pago que asciende a un millón 800 mil pesos.
Ambos temas no se comparan con los más de cuatro mil millones de pesos no solventados en la administración de Núñez Jiménez, aunque, por supuesto, el desvío, ya sea de poco o mucho dinero al final son delitos que se deben castigar.
De este modo, los únicos dos detenidos por irregularidades en el manejo de los recursos públicos y el “perdón y olvido” que se pretende con el asunto de Arturo Núñez y su mal gobierno, exhibe en toda su dimensión que la aplicación de la ley en Tabasco no es la correcta.
Así las cosas, finalmente, ganará el sector que asegura en voz alta y de boca en boca que «nunca le harán nada a Núñez Jiménez», porque habría otorgado dinero público a las campañas del actual gobierno. Eso se dice y se seguirá divulgando en tanto las autoridades de justicia no demuestren lo contrario.
Ahí se las dejo.