CARTA ABIERTA
No ha sido un priista, ni un panista; tampoco un perredista o un trasnochado inventor de tramas conspiracionistas. Fue el diputado federal morenista, Marcos Rosendo Medina Filigrana, quien ha confirmado lo publicado en esta columna el 21 de febrero: el exgobernador Arturo Núñez Jiménez está en un bloque antiObrador (https://cartaabierta.mx/2022/02/21/como-a-obrador-ahora-atacan-a-merino/).
Por eso llamó «mal agradecidos» a los exgobernadores encabezados por el guerrerense Ángel Aguirre Rivero que han integrado un frente crítico contra el presidente, entre ellos Arturo Núñez. Ha dicho que varios de ellos se han «cobijado» en su figura para ganar elecciones. En palabras llanas, Rosendo le atribuyó a AMLO la victoria de Núñez a la gubernatura en 2012, dejando a este sin mérito alguno por sacar al PRI del poder.
El exsecretario de Gobierno ha lanzado otra puya a Núñez al asegurar que en el cambio de administración no les fue reportado el equipo de espionaje comprado en el pasado sexenio al empresario Carlos Guerrero, utilizado para interceptar llamadas, «hackear» cuentas e intervenir mensajes de WhatsApp de adversarios políticos y periodistas. Ha dicho que en lugar de destinar ese dinero para reforzar la seguridad de los ciudadanos tabasqueños, se usó para violentar la privacidad de las personas.
Hay que hilar muy fino las declaraciones de Marcos Rosendo, porque se dan en la coyuntura de la detención del exalcalde ‘Cuco’ Rovirosa y que ha dado pauta para esperar más capturas de exfuncionarios. La opinión pública se pregunta por qué este ha sido encarcelado por un presunto desvío de un millón 800 mil pesos, mientras que el exmandatario del PRD vio reprobar su cuenta pública de 2018 por un faltante de cuatro mil 800 millones. Parece que el rasero de la Fiscalía no se usa con la misma medida.
: OTRO EMPUJE PARA TABASCO
El nuevo proyecto del Bajo Usumacinta busca hacer del sur-sureste un polo de desarrollo agroindustrial en beneficio de productores de Tabasco, Chiapas y Campeche. Uno de sus principales impulsores es el presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro, Manuel Rodríguez González.
El miércoles encabezó a un grupo de legisladores del Congreso de la Unión en una junta con el gobernador Carlos Manuel Merino en Palacio. El objetivo es generar sinergias que aterricen la iniciativa para aprovechar el potencial productivo de 250 mil hectáreas en la región.
No fue una reunión más con el gobernador, ahí estaban los presidentes de las comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, así como el de Asuntos de la Frontera Sur, Ismael Brito Mazariego. Rodríguez valoró ante Merino los alcances de lo que será un detonador del desarrollo del Sureste, una alternativa de bienestar económico y un detonante del empleo y la autosuficiencia alimentaria.
El proyecto, desde luego, es de largo plazo. Está pensado para desarrollarse de aquí al año 2030, pero lo principal es que vendría a resolver un problema de abasto nacional en varios aspectos de la producción que México necesita.
Este es otro de los retos asumidos por Manuel Rodríguez en favor de Tabasco y del resto de los estados del sureste. Además de ser el principal impulsor de la reforma eléctrica de Obrador, también se ha convertido en un sólido aliado del Capitán Merino, visto como un sólido líder de los mandatarios de esta zona del país.
: ACLARACIONES
Como titular de la Sedafop, Jorge Suárez Vela no ha sido notificado de la devolución de los 30 millones de pesos que la pasada administración de la Secretaría le perdonó como parte de un préstamo a la Unión Ganadera Regional de Tabasco.
Hasta ahora, Suárez no ha sido requerido por la Fiscalía General del Estado ya que el área jurídica del Ejecutivo estatal fue la encargada de iniciar los procedimientos legales. Suárez Vela señaló que el exlíder de la UGR, Baltazar Sánchez Fuentes, ya estuvo pagando por el delito.
Como se sabe, el exlíder de la UGRT fue liberado tras haber entrado a prisión en 2020 por la condonación irregular de los 30 millones.
Para Suárez se trata de un tema legal en manos de la Fiscalía en el que la Sedafop ha entregado la información necesaria a la parte jurídica del Poder Ejecutivo para proceder en consecuencia. Por colaboración no ha quedado.