Carta Abierta
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, es autónomo, pero es posible que sus funciones sean tomadas por la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, si es que prosperan los esfuerzos del presidente Obrador en este sentido. El tema cobra ahora una fuerte relevancia en Palacio Nacional y Bucareli porque en su próxima renovación ha saltado con fuerza el nombre del tabasqueño Ricardo León Caraveo.
El columnista Alberto Aguirre, del diario El Economista, opina que “ni los intereses partidistas ni las situaciones coyunturales deberían guiar la renovación escalonada del órgano autónomo. Para dos vacantes hay 48 aspirantes, pero sólo 40% son mujeres. Ninguna, entre los favoritos de los grupos parlamentarios”.
Agrega que la estructura del Instituto se ha volcado en pos de las vacantes: tres de los cinco secretarios del pleno y cinco directores generales. Entre ellos, el politólogo sonorense, Benjamín Hill Mayoral, encargado de la administración del órgano autónomo, y Luis Felipe Nava Gomar, enlace con los poderes Legislativo y Judicial. Ambos, cercanos colaboradores de la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, y con sólidos nexos con el calderonismo.
Amparados por el comisionado saliente, Óscar Guerra Ford, otros cuatro aspirantes; entre ellos; Ileana Hidalgo Rioja, secretaria de acceso en el INAI, Carlos Porfirio Mendoza, director general de Evaluación, y José de Jesús Ramírez, secretario ejecutivo del Instituto. Ricardo Salgado Perrilliat es secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción y también participará en el proceso de selección.
La mitad de los inscritos, sigue el autor de la columna, han sido comisionados de órganos estatales de acceso a la información o están actualmente en funciones. Entre ellos destaca Julio César Bonilla Gutiérrez, quien entre el 2018 y 2021 presidió el Info-CDMX y formaría parte de una nueva generación de transparentólogos… cercanos a la Cuarta Transformación.
Su perfil técnico —abogado especializado en la fiscalización de prerrogativas y el combate de delitos electorales— se complementa por sus nexos con la cúpula morenista de la capital de la República; pero sobre todo su vinculación con Ricardo Monreal —vía el extitular de la UIF, Santiago Nieto Castillo— lo colocan como favorito indiscutible.
Otros aspirantes tienen cercanía con el PAN y ese sería su principal obstáculo. Además de Hill Mayoral y Nava Gomar están los exdiputados Luis Gustavo Parra, actual comisionado del Infoem, y Josefina Buxadé, excoordinadora de Transparencia y Gobierno Abierto en Puebla y Yadira Alarcón, exdiputada federal suplente de Margarita Saldaña y quien buscó ser magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Bibiana Peralta, excomisionada de Info-DF, Mireya Arteaga, de Morelos, y Zulema Martínez, excomisionada presidenta del Infoem, también se inscribieron, al igual que las actuales comisionadas María de los Ángeles Guzmán (Nuevo León), Elizabeth Monribot (Hidalgo) y Marina Sanmartín (CDMX).
Las entrevistas presenciales con los senadores de las comisiones unidas de Justicia y Anticorrupción, encargados de la evaluación de los aspirantes, comenzaron el martes 22 en el recinto legislativo. Terminada esa fase, las comisiones harán un listado de los candidatos que sean elegibles. Los 15 candidatos con los mayores puntajes serán integrados en cinco ternas que serán llevadas al Pleno. Antes del 10 de abril habrá humo blanco.
Sorprende que el columnista nacional no haya mencionado al tabasqueño Ricardo León Caraveo, comisionado presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ITAIP, y quien ha solicitado licencia a su cargo. A partir de este 23 de marzo acudirá al Senado en busca de cubrir una de las vacantes que dejaron libres Óscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Con el visto bueno del presidente Obrador y con el apoyo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, todo indica que reunirá las condiciones de elegibilidad para ser comisionado por los próximos siete años. Ese es el objetivo de la bancada de Morena en la Cámara Alta y hay motivos para asegurar que así será. Sobra decir la importancia política y estratégica que ello representa para el futuro del organismo, un futuro que AMLO observa con lupa.