CARTA ABIERTA
El gobernador Merino ha enviado al Congreso el Decreto para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial de Tabasco y sus Municipios. Es un asunto relevante. Más de lo que muchos suponen. La iniciativa deriva de una reforma constitucional federal que data 2004 para reclamar la indemnización generada por responsabilidad patrimonial de parte de los entes públicos, esto es el Gobierno estatal y los ayuntamientos.
Hasta ahora, el Gobierno de Tabasco y el Congreso se habían abstenido de hacer las modificaciones constitucionales por todo lo que ello conlleva: hacerse responsables e indemnizar a los ciudadanos que son afectados por acciones gubernamentales físicas, administrativas o morales. Pero no es sólo Tabasco, la mayoría de los gobiernos estatales del resto del país también habían caído en esta omisión y sólo hasta los dos últimos años han empezado con las adecuaciones en sus leyes. Es evidente que no deseaban entrar al tema.
En lenguaje llano, en cristiano, ¿qué implica esta nueva Ley propuesta por Carlos Manuel Merino? Tres ejemplos: en caso de que un mal funcionamiento del drenaje público termine en la inundación de una o varias viviendas, los propietarios podrán exigir una indemnización. Si un conductor sufre la avería de su automóvil por una alcantarilla abierta en una calle, igual recibiría una compensación. Y si un auto oficial choca con el de un particular, ya no habrá que dar tantas vueltas para que este último sea remunerado. A estas tres ilustraciones podría sumarse el lamentable caso del bebé muerto por la caída de un portón en un centro de salud de Tabasco. Si bien la Secretaría se ha hecho responsable, este episodio también hubiera estado contemplado en esa Ley en cuestión.
Lo cierto es que se prevé la obligación de que los poderes del estado, los ayuntamientos y organismos autónomos respondan por los daños y perjuicios ocasionados por su actividad administrativa irregular. La finalidad es que los ciudadanos cuenten con la certeza de cómo, cuándo y por medio de qué vía pueden exigir una indemnización, y hacer efectivo su derecho de reparación por la actuación irregular del Estado.
El gobernador ha eliminado así el impedimento para cobrar una indemnización por daño material y moral causado por los sujetos obligados al incurrir en actividad administrativa irregular. Desde luego, para la determinación del daño material se instruirá a la práctica de un avalúo, que tenderá a establecer el valor comercial, los frutos que en su caso hubiere podido producir la cosa objeto del avalúo y todas las circunstancias que puedan influir en la determinación el valor comercial.
En cuanto al monto de indemnización por daño moral a cargo de los sujetos obligados será determinado por la autoridad con base en criterios de razonabilidad y para ese propósito se considerarán los medios de prueba desahogados, los alcances de la actividad administrativa irregular imputada, así como las circunstancias del caso concreto. Lo que no está muy claro aún es si se fijarán cantidades mínimas y máximas como parámetro para la indemnización que deben recibir los afectados.
Ahora bien, el Decreto permite al titular del Ejecutivo reasignar recursos financieros que se destinarán al fondo para el cumplimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado. Esto es así porque deben etiquetarse dineros suficientes para que el Estado pueda hacerse responsable por los daños causados.
Hasta ahora, al carecer de la legislación local que lo regulara, los ciudadanos afectados tenían que recurrir al amparo y protección de la justicia federal, el cual se les otorgaba en los juzgados de distrito.
La trascendencia de la nueva Ley es que el gobernador ha alineado a la entidad dentro de los criterios más actuales de los órganos de control de la Constitución y de los Tratados internacionales que México ha suscrito en materia de Derechos Humanos. Es, para decirlo claro, la entrada de Tabasco al Primer Mundo en lo que a esta materia se refiere.