CARTA ABIERTA
La captura de tres exfuncionarios del Instituto de Protección Civil de Tabasco, IPCET, presuntos culpables de la compra fraudulenta de un helicóptero en el Gobierno perredista de Arturo Núñez, ha hecho crecer la presión pública para que el exmandatario también sea llamado a cuentas.
La adquisición del ‘helicóptero fantasma’, un Agustawestland modelo AW109E que sería destinado para labores auxiliares de búsqueda, rescate y vigilancia por el IPCET, costó más de 45 millones al erario estatal.
Por eso es que el legislador priista Fabián Granier Calles señala al exgobernador y al entonces secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, como “los principales responsables”.
Otro en la misma línea es el senador perredista Juan Manuel Fócil. Aunque se hizo el ciego ante todos los despropósitos cometidos en el pasado sexenio, ahora señala que los tres exfuncionarios encarcelados podrían ser sólo “chivos expiatorios” para proteger al papá de Néstor. El diputado de este mismo partido, Juan Álvarez, señaló que el responsable de la compra simulada es el exgobernador de su partido: “El que firmó y autorizó fue Núñez”. El líder de la fracción del PRD, Héctor Peralta Grappin, también señaló al esposo de Martha Lilia.
Y el legislador morenista Jesús Selván se dijo “sorprendido” por el arresto de Jorge Adalberto “N”, porque tenía la función de director operativo de Protección Civil y “no pudo haber tenido injerencia en la adquisición de ese equipo”.
El secretario de Gobierno, Guillermo del Rivero, no ha tardado en fijar la posición oficial. Asegura que la investigación por la compra simulada de ese helicóptero no es un caso mediático. Ha dicho que la 4T “no judicializa la política, ni politiza la justicia”, y pidió a quienes esperan que caigan «peces gordos» a que acudan a la Fiscalía General del Estado a presentar pruebas.
Dijo que con la captura de tres exfuncionarios, el Gobierno de Carlos Manuel Merino actúa de forma “responsable y apegado a derecho”. Luego, en clara alusión al juicio y captura de Andrés Granier en el pasado sexenio perredista, aunque sin mencionarlo por su nombre, el responsable de la política interior advirtió que no caerán en ese mismo error que llevó a que se “hiciera un todo teatro, hablando de un desvío de recursos que a la larga no se comprobó”.
En esas está el caso del ‘helicóptero fantasma’. Con una parte de la clase política pidiendo enjuiciar a Arturo Núñez y, por otro lado, con la postura de la 4T en el sentido de no actuar por presiones o afanes propagandísticos.
Si bien se entiende la fijación de ambas partes, es entendible la creciente presión para traer al esposo de Martha Lilia ante la justicia. ANJ dejó un Gobierno en ruinas, una sociedad polarizada y una sociedad en manos del crimen. Los agravios fueron tantos que el entonces gobernador Adán Augusto denunció varias anomalías de gravedad.
La respuesta de Núñez ha sido la de pasearse por varios lugares del mundo y presentarse a distintos foros de corte electoral en las redes sociales, haciendo como que ‘la virgen le habla’. Como dice el presidente López Obrador: “Eso sí calienta”. A los tabasqueños, desde luego.
: LA RÚBRICA
Información publicada por un diario local da cuenta de la “corrupción, nepotismo, moches, y contratos irregulares” en la gestión del exalcalde de la Cuauhtémoc, Néstor Núñez, hijo del exgobernador Arturo Núñez. Se asegura que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo de fondos federales transferidos a la alcaldía Cuauhtémoc durante el ejercicio fiscal 2021 donde “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 121 millones 958 mil pesos…”. La actual alcaldesa de esa demarcación, Sandra Cuevas, negó ser responsable de cualquier daño al erario y señaló a su predecesor. Se dice además que al finalizar su gobierno, Néstor benefició con contratos por más de 29 millones de pesos a la empresa Goiba Construcciones S.A. de C.V, la cual fue investigada y sancionada por la ASF por incumplimiento de condiciones con otras alcaldías. No es todo. El 13 de marzo de 2017, el ahora representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, denunció un presunto tráfico de influencias en la Dirección de Asuntos Jurídicos del DIF Tabasco, institución presidida en esa época por la esposa del mandatario Arturo Núñez.