CARTA ABIERTA
La liberación de los tres presuntos culpables del caso ‘Duda razonable’, decretada el jueves por los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es al mismo tiempo una condena pública al exgobernador perredista Arturo Núñez y quienes fueran su fiscal, Fernando Valenzuela Pernas, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Priego Solís. Es un golpe directo a la credibilidad del sistema judicial en el pasado gobierno de Tabasco.
Después de siete años y medio de estar en una prisión de la ciudad de Macuspana, la cuna del presidente Obrador, Gonzalo García, Juan Luis López y Héctor Muñoz fueron liberados en un caso que acaparó la atención mundial gracias a ese documental de Netflix.
Los ministros de la SCJN determinaron que las pruebas aportadas por la Fiscalía de Tabasco fueron insuficientes para condenarlos por tentativa de secuestro. Por eso les dio un amparo liso y llano que llevó a su liberación inmediata.
La sesión de la Corte dejó al descubierto las deficiencias e irregularidades de los agentes, fiscales y jueces involucrados en el caso. Ello implica, de facto, un señalamiento para el entonces mandatario Arturo Núñez, siguiendo con el fiscal Fernando Valenzuela y rematando con el titular del Poder Judicial, Jorge Priego Solís. Lo que hizo el pleno del alto tribunal de México es erigirse como la herramienta para corregir esa grave injusticia que llevó a tres inocentes a pasar siete años y medio tras las rejas.
De acuerdo al resolutivo final, la Fiscalía fabricó el caso porque los policías no pidieron las grabaciones del lugar de los hechos, no entrevistaron a testigos, se contradicen en sus versiones, no identificaron ningún indicio, no encontraron ninguna comunicación entre los tres hombres, no aseguraron armas ni respetaron la cadena de custodia de los objetos y vehículos involucrados. Es más, la única testigo de los hechos defendía ¡la inocencia de los acusados!
De acuerdo a información publicada en El País, la Fiscalía torturó a los detenidos con golpes y ahogamientos con bolsas de plástico. Dos días más tarde el Ministerio Público concedió que no había pruebas suficientes para probar la tentativa de secuestro y ordenó su liberación. Sin embargo, en el primero de muchos giros inverosímiles, los agentes los detuvieron por el secuestro de otra persona, en hechos ocurridos el 26 de mayo de 2015.
Sin mencionarlos por sus nombres, los ministros han señalado al exfiscal y al expresidente del Poder Judicial en Tabasco al considerar que se violó de forma absoluta el derecho a la presunción de inocencia.
La SCJN ha sido tajante respecto a la actuación de las autoridades judiciales del pasado gobierno: “Es un típico caso donde simplemente tres personas estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, donde la arbitrariedad y el abuso de poder se hace patente, donde se tortura, donde se fabrican pruebas, donde se fabrican culpables y donde la justicia no importa (…)”.
Falta saber ahora si el presidente del Poder Judicial, Enrique Priego, y el fiscal Nicolás Bautista Ovando, están listos para abrir una investigación al respecto. En ese sentido, la ministra Yazmín Esquivel ha dicho el jueves: “Propongo el más alto grado de reparación posible y dar vista a las autoridades para que se abran las indagatorias esclarecer las responsabilidades administrativas y penales que procedan. Es un caso de abierta injusticia: un error judicial”.
Con esta postura es evidente que las autoridades judiciales de Tabasco, ahora bajo las siglas de Morena, están obligadas a actuar en consecuencia. Más cuando se sabe, según lo dijo el director del documental Roberto Hernández, que las instituciones de administración de justicia del país están capturadas por intereses políticos o por el crimen organizado, porque no es un sistema orientado a respetar la ley.