• El magistrado presidente del Poder Judicial rindió el viernes su informe anual de labores ante el Congreso de Tabasco, donde refrendó su compromiso en favor del progreso de la entidad
• El gobernador Carlos Manuel Merino Campos atestiguó la ceremonia; el titular del TSJ agradeció su apoyo y el traslado de dominio de la propiedad del inmueble de la sede del tribunal tabasqueño
• El magistrado Priego Oropeza destaca avances en materia jurisdiccional, de combate a la corrupción y respeto a derechos humanos
• Resalta la función de jueces como rectores del proceso penal y llama a cuidar el principio del debido proceso legal, pero sin formalismos que promuevan impunidad
Villahermosa, Tabasco.– Con avances sustantivos en materia jurisdiccional, de combate a la corrupción y respeto a derechos fundamentales, el presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, refrendó su compromiso con Tabasco, “al cual servimos diariamente con profesionalismo para abonar al bien de la sociedad”, y aseveró que la entidad “merece una mejor justicia por lo cual estamos empeñados, con nuestro mejor esfuerzo, para lograrla”.
En un ejercicio transparente de rendición de cuentas, el titular del Tribunal Superior de Justicia afirmó que mantiene el respeto irrestricto a los derechos humanos, y exhortó a los jueces a evitar el excesivo formalismo legal y la consiguiente impunidad, sin renunciar a su deber como rectores del proceso judicial que respeta el principio del debido proceso y la justicia.
Recordó que el acceso a la justicia es un derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional y la normatividad internacional. Pero no es suficiente el acceso a la justicia, se requiere sea un servicio del Estado, oportuno, eficiente y de calidad, lo que constituye el derecho fundamental del debido proceso legal que la Constitución mexicana establece como competencia de los tribunales, además de formalidades y procedimientos a seguir.
Al dar cumplimiento a los artículos 55 ter de la Constitución Política de Tabasco y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el magistrado Priego Oropeza acudió este viernes ante el pleno de la LXIV Legislatura para presentar el informe de la situación que guarda la administración de justicia en la entidad.
Acompañado en la sesión solemne por el gobernador Carlos Manuel Merino Campos –a quien agradeció su apoyo permanente, el respeto a la división de poderes y la cesión de dominio para que el edificio sede del Tribunal Superior de Justicia pasara a propiedad del Poder Judicial–, el también titular del Consejo de la Judicatura informó del trabajo de la primera y segunda instancias de TSJ y órganos administrativos del 18 de noviembre de 2021 al 18 de noviembre pasado, con el objetivo de impartir justicia pronta, expedita, imparcial y transparente.
Como considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), diariamente debemos procurar que los juzgadores dirijan y encaucen el procedimiento judicial con respeto al Estado de derecho, pero sin un excesivo formalismo que aliente la impunidad, puntualizó el funcionario al exhortarlos a fundar y motivar sus resoluciones, aplicar la Constitución y el Derecho internacional y no cejar en la permanente actualización de conocimientos.
Fortalezcan su entusiasmo en el trabajo y su fe en la justicia, para que nuestra eficiencia se supere anualmente, porque así lo demanda la sociedad tabasqueña, dijo a los servidores judiciales.
Al subrayar la importancia del convenio de colaboración académica signado este año con la Escuela Federal de Formación Judicial, el cual atestiguó el consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé, consideró que la función de juzgar es cada día más compleja y difícil por lo que el Poder Judicial tabasqueño ha puesto especial interés en capacitar a sus juzgadores en materia de perspectiva de género, ya que la mujer exige mayor protección del Estado, y para privilegiar el interés superior de los menores.
Sostuvo que todo órgano jurisdiccional deberá implementar un método, pese a que las partes no lo soliciten, para verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.
Y en cuanto al principio de interés superior de la niñez, explicó que la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de los infantes ordenan una interpretación rigurosa y por ello estamos empeñados en darle cumplimiento.
Nuestros tribunales deben escuchar y considerar la opinión de niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que los afecte y se acentúa la obligación de jueces y magistrados de examinar estrictamente las circunstancias específicas de cada asunto para dar una solución justa y equitativa, dijo.
Puso sobre relieve el respeto al principio de defensa adecuada y la necesidad de poner énfasis en casos en que el imputado no puede disponer de un defensor particular. “Porque nombrar a un defensor público, con el solo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con una defensa técnica adecuada”, en razón de lo que señaló que este principio obliga al Estado a tratar siempre al imputado, acusado o sentenciado como un verdadero sujeto del proceso y no como un objeto del mismo.
COMPROMISO CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Afirmó que los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura trabajan hasta donde es posible, para que la expeditez en los procesos sea una realidad, sobre todo en casos en que hay detenidos, dada la importancia de que las resoluciones se dicten en plazos razonables, no obstante que éstos están condicionados por la complejidad del asunto, la actividad del Ministerio Público y la defensa, además de la conducta de las autoridades judiciales.
Ante cinco ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia y el ex magistrado Eduardo Antonio Méndez Gómez, apuntó que a una década de entrar en vigencia plena el sistema procesal penal acusatorio en Tabasco –dio comienzo el 28 de septiembre de 2012– debemos analizar sus avances y poner el mayor esfuerzo para su consolidación, por lo que ofreció socializar principios y bondades, pero también sus exigencias y carencias.
Observó que en el proceso penal acusatorio las partes ofendida e imputada, auxiliadas por el fiscal del Ministerio Público y la defensa, se someten al arbitrio del juez de control y, en su caso, al tribunal de enjuiciamiento.
Agregó que en el sistema garantista el imputado o acusado goza del principio de presunción de inocencia, y como la víctima u ofendido, de los principios de equidad y defensa técnica adecuada, ante lo cual a los juzgadores corresponde aplicar la normatividad para que el garantismo sea equitativo para ambas partes.
Para reafirmar el papel de árbitro del juez en el proceso penal acusatorio, debe ser imparcial y ya no puede ni debe procurar pruebas para mejor proveer, como sucedía en el sistema penal, inquisitorio.
Precisó que los juzgadores resuelven dictar un auto de vinculación a proceso o un auto de libertad por los hechos y con los datos de prueba que en la audiencia inicial verbaliza el fiscal del Ministerio Público. “Lo que él no diga en la audiencia, no existe para el proceso, aunque lo tenga en la carpeta de investigación”, planteó.
Señaló que los datos de prueba que sirvieron para dictar un auto de vinculación a proceso ya no son útiles para dictar una sentencia, en razón de lo cual el Ministerio Público y la defensa deben ofrecer sus medios de prueba en la etapa intermedia, mismos que deberán desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento, que en casos de prisión preventiva oficiosa integran tres jueces, y en los demás un solo juez. Hay juicios sencillos que se pueden desarrollar en una audiencia, pero hay juicios complicados, en que el desahogo de pruebas requiere de varios días.
Se refirió además a la detención en flagrancia y lo que coloquialmente se ha denominado «la puerta giratoria». La primera, establecida en el artículo 16 constitucional y ante la cual el juez debe verificar en la audiencia de control de legalidad si se cumplió lo ordenado por la Constitución y la ley, en caso contrario, dispondrá la libertad inmediata del detenido.
Relató que en el caso de la llamada “puerta giratoria» la población únicamente ve que el Ministerio Público pone un detenido a disposición del juez y éste enseguida lo deja en libertad. No obstante, la razón legal es que el juzgador sólo puede ordenar prisión preventiva para el detenido, sin necesidad que se lo pida el Ministerio Público, cuando se trata de delitos considerados de prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional.
También puede ordenar prisión preventiva cuando se lo solicite el Ministerio Público, pero ello debe estar justificado con datos de prueba de que otras medidas cautelares son insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y durante el desarrollo de la investigación.
Observó que si el Ministerio Público no prueba que la prisión preventiva es justificada el juez no puede acordarla porque la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública del 18 de junio de 2008 mandata que en la generalidad de los casos el imputado enfrente el proceso en libertad y cumpla una medida cautelar. Por consiguiente, el juez sólo aplicará la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada en casos excepcionales, previstos en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Manifestó que se requieren más jueces y salas de juicio oral, debidamente equipadas, con la tecnología que corresponde para el debido cumplimiento de los principios del procedimiento penal acusatorio, ante el aumento de casos penales y exigencias de este procedimiento, que debe ser continuo, público y con audiencias presididas en todo momento por un juzgador.
Aseveró que es necesario fortalecer la materia civil y familiar, tanto en la primera como en la segunda instancia, para cumplir en el menor tiempo posible, la atención que requieren los asuntos de estas ramas de la justicia.
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL INCESANTE
En presencia de las titulares del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Guadalupe Castro de Merino, y del Voluntariado del Tribunal Superior de Justicia, Mercedes Segura de Priego, a quien agradeció su apoyo y compañía en todo momento, el magistrado Enrique Priego puso énfasis en la política de cero tolerancia al soborno y la corrupción, dado lo cual la empresa NYCE Sistemas de Gestión ratificó la certificación del sistema de gestión antisoborno para los procesos de compras y obras públicas del tribunal, mediante la norma internacional ISO 37001:2016.
Ante el pleno de diputados, el funcionario sintetizó los resultados de la actividad jurisdiccional en el año, e indicó que los juzgados del sistema penal mixto o tradicional emitieron 133 sentencias y quedan en trámite 118 expedientes.
En tanto, en el sistema procesal penal acusatorio, se tramitaron ocho mil 105 asuntos en los juzgados de control, de los cuales se concluyeron tres mil 20 asuntos, y de ellos 606 se resolvieron en procedimiento abreviado.
En el periodo, los juzgados familiares tramitaron diez mil 401 expedientes, de los cuales mil 534 juicios se terminaron por sentencia y mil 854 se resolvieron por acuerdo de las partes.
Los juzgados civiles tramitaron 35 mil 959 asuntos, de los cuales cinco mil 720 culminaron en sentencia, y cuatro mil 517 por acuerdo de los intervinientes en los juicios.
El juzgado de oralidad mercantil conoció de 730 casos, dictó 213 sentencias, y en adicional se resolvieron 55 casos más por acuerdo de las partes.
Respecto a la segunda instancia, las cuatro salas penales del Tribunal Superior de Justicia conocieron en apelación de 183 tocas del sistema mixto o tradicional, de las cuales 159 expedientes quedaron resueltos. En lo que respecta al sistema procesal penal acusatorio, las salas penales conocieron de mil 13 tocas, de los cuales se resolvieron 855 asuntos.
En cumplimiento de las resoluciones de amparo dictadas por los tribunales colegiados de circuito y jueces de distrito, las salas penales dictaron 115 fallos.
En lo tocante a la labor de las salas civiles del Tribunal Superior de Justicia, ante éstas se tramitaron dos mil 401 tocas, y como resultado dictaron mil 809 fallos.
Asimismo, el juzgado especializado en justicia para adolescentes atendió 88 asuntos, por sentencia resolvió 23 juicios y 17 por otros medios previstos por la ley.
La sala unitaria especializada en justicia para adolescentes y oralidad para adultos conoció de 138 casos y resolvió 128.
Por otra parte, los seis tribunales laborales del estado conocieron de dos mil 475 asuntos, se resolvieron 407 mediante sentencias y por otros motivos mil 394 casos, con lo que finalizaron mil 801 asuntos.
A través del Centro de Acceso a la Justicia Alternativa, se conocieron siete mil 340 conflictos jurídicos y se lograron suscribir 576 convenios.
COLABORACIÓN RESPETUOSA
En el documento de 270 páginas entregado al Congreso, el titular del Poder Judicial subrayó la coordinación de esfuerzos con instancias como Presidencia de la República, el gobierno estatal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), las secretarías de Gobernación (Segob), de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina Armada de México (Semar) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), así como las fiscalías generales de la República y de Tabasco.
En particular, destacó la colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la embajada norteamericana, en el marco del Entendimiento Bicentenario, y la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Secretaría de Gobernación, que realizaron el curso taller Proceso de Atención de las Adicciones como parte de la justicia terapéutica y la implementación de las llamadas cortes de Drogas que impulsa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), esta última la cual el 27 de septiembre entregó al magistrado Priego Oropeza el informe final del proyecto de consolidación del sistema acusatorio adversarial .
Asimismo, un día después el funcionario renovó con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) su convenio de colaboración académica en aras de aprovechar al máximo recursos humanos, materiales y financieros en acciones de interés mutuo, para “avanzar en uno de los fines del Derecho, el bien común”, subrayó el magistrado Enrique Priego Oropeza. En la ceremonia convergieron dos ex titulares del Poder Judicial tabasqueño, Guillermo Narváez Osorio y Rodolfo Campos Montejo.
Y el 6 de octubre con funcionarios de la Gerencia Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sureste de Pemex, signó un convenio de colaboración para el intercambio de información para agilizar juicios civiles y laborales y ahorrar recursos bajo el principio de economía procesal.
En el marco de la CXXIV Jornada Nacional del Notariado Mexicano, que se celebró en Villahermosa del 19 al 21 de mayo, el titular del Poder Judicial recibió la deferencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para inaugurar el encuentro que congregó a 700 fedatarios del país y la ex presidente de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero. El magistrado Priego Oropeza clausuró también el cónclave, realizado luego de dos años de haberse postergado por la pandemia.
El presidente del TSJ ha recibido el reconocimiento de instituciones como el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), que el 17 de junio durante su cuadragésimo sexto aniversario le entregó la medalla al mérito Licenciado Benito Juárez García, por su aportación al servicio público en la administración y gestión gubernamental y de la justicia en la entidad.
Días antes, el 2 de junio, al atestiguar la entrega de equipo especializado de identificación forense, Priego Oropeza recibió el reconocimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Gobierno por su trabajo en favor del fortalecimiento del Estado de derecho y la dignificación de la función jurisdiccional.
Antes, el 21 de marzo, en ocasión del 216 aniversario del presidente Benito Pablo Juárez García, el titular del Poder Judicial fungió como orador oficial en la ceremonia cívica donde resaltó la figura del promotor de las Leyes de Reforma que posibilitaron la separación de a Iglesia y el Estado, así como la libertad de cultos.
Aseguró que en esta etapa los gobiernos de la República y de Tabasco luchan por superar rezagos y en esa lucha están presentes los ideales y principios juaristas.
En el ámbito de la colaboración con la Conatrib, del 31 de agosto al 2 de septiembre, la oficial mayor del tribunal tabasqueño, Gloria Guadalupe Ascencio Lastra, acudió a Toluca, Estado de México, al Primer Congreso Internacional La administración de los Tribunales de Justicia, en el que participaron ponentes de Argentina, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia y México.
Como resultado de ese encuentro internacional, el 23 y 24 de septiembre la titular del Poder Judicial de Campeche, Virginia Leticia Lizama Centurión, efectuó una gira de trabajo por la entidad durante la cual sostuvo una reunión de trabajo con el titular del Poder Judicial tabasqueño, conoció el proyecto de digitalización de archivos local, y atestiguó la puesta en escena Expediente León, que el Tribunal Superior de Justicia de Morelos presentó por segunda ocasión en Villahermosa.
RESULTADOS TANGIBLES
El magistrado Priego Oropeza detalló que a dos años de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral la institución consolidó el sistema estadístico y las acciones de capacitación de servidores judiciales, lo que ha permitido dar celeridad al proceso y que la experiencia tabasqueña sirviera para la implementación de los sistemas de justicia laboral de Chihuahua, Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán.
De esta manera, el 31 de marzo y 6 de julio recibió a dos misiones de funcionarios del Poder Judicial y el gobierno estatal de Chihuahua, quienes agradecieron la posibilidad de abrevar de la experiencia tabasqueña en la implementación de la reforma, y el 1 de mayo fue anfitrión de la presidente del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, quien participó en el conversatorio Transición del Derecho laboral a partir de la reforma del 1 de mayo de 2019.
La funcionaria veracruzana resaltó la labor de jueces y consejeros tabasqueños que los auxiliaron para la capacitación y selección del personal de juzgados especializados en esa entidad que iniciaron funciones en noviembre de 2021.
Durante la ceremonia del segundo aniversario de Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco (CCLET), el 19 de noviembre, Priego Oropeza declaró que hay “eficiencia y honradez” en el proceso de implementación de esta reforma en el que la entidad fue pionera a nivel nacional, y permitió apoyar a ocho entidades de México, con las que se compartieron conocimientos.
“Los conocimientos no deben ser nuestros, deben ser de todo mundo y si ellos encuentran cosas que mejorar lo están haciendo”, indicó ante el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, quien reconoció la labor del Poder Judicial que ha reducido los tiempos de resolución de expedientes hasta ocho meses como máximo.
El magistrado Priego Oropeza indicó que existen garantías de honradez de los funcionarios de los seis juzgados especializados –los cuales se ganaron sus puestos bajo un estricto proceso de evaluación–, en tanto que los sectores obrero y patronal han manifestado su satisfacción sobre los mecanismos de conciliación.
Del 18 de noviembre de 2020 a octubre de 2022 en estos juzgados –cuatro en el municipio de Centro, uno en Cunduacán y otro en Macuspana– se recibieron tres mil 844 asuntos, de los cuales tres mil 676 fueron admitidos a trámite y dos mil 242 fueron resueltos, lo que equivale a 60 por ciento de los casos.
Dado que la tarea no concluye con la implementación de la reforma, una delegación de funcionarias del Poder Judicial acudió a Durango al Primer Congreso Internacional de Derecho Laboral que tuvo verificativo del 29 de junio al 1 de julio con la participación de 300 especialistas de Chile, Costa Rica, Colombia y México.
Por otra parte, resaltó el avance en la titánica tarea de digitalización del Archivo Judicial, ya que de 2019 a la actualidad se han organizado, restaurado y digitalizado cien mil 466 expedientes para dar cumplimiento a la Ley de Archivos estatal, en vigor desde el 1 de enero de 2021.
En 2022 se digitalizaron tres mil 162 paquetes de documentos que equivalen a 46 mil 254 expedientes de los juzgados cuarto y quinto civil de Centro, con lo que las partes involucradas en juicios tendrán acceso más rápido a los expedientes y se reducirán tiempos y costos para contribuir a la agilidad en la justicia.
En mayo pasado, luego de una década y tras meses de pláticas conciliatorias el Poder Judicial y el Sindicato Único de Trabajadores Administrativos signaron un nuevo contrato colectivo de trabajo que beneficia a sus agremiados y a los trabajadores de confianza con incrementos económicos y mejoras laborales.
La capacitación como pilar fundamental para impulsar el crecimiento del capital humano se fortaleció durante el periodo que se informa. Así, mediante estudios de postgrado coordinados por el Centro de Especialización Judicial, 17 alumnos cursan el Doctorado en Derecho Judicial; 40 alumnos, la Maestría en Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos, y 22 la Especialidad en Justicia para Adolescentes. El 19 de noviembre, tres doctores en Derecho Judicial recibieron sus títulos profesionales, seis egresados recibieron títulos como doctores en Derecho Judicial, y cinco como maestros en Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos.
De igual forma, se han implementado cursos y talleres impulsados por la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos en materia de género y violencia contra la mujer, acceso a la justicia, nuevo sistema de justicia laboral y ejecución de sentencias.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia auspició talleres especializados sobre el sistema penal acusatorio adversarial, mecanismos alternos de solución de controversias, ejecución de sentencias y oralidad mercantil.
Así se efectuaron el taller Reparación integral del daño en el sistema penal acusatorio, a cargo del doctor en Derecho, Nimrod Mihael Champo Sánchez, capacitador certificado por la Secretaría de Gobernación; el curso Seguridad Informática, a cargo de Miguel Ángel Michelena Sánchez, director técnico de la empresa Radikal System, y la conferencia Criterios relevantes en el nuevo sistema de justicia laboral, que disertó el presidente del primer tribunal colegiado en materia del trabajo del décimo circuito, José Zorrilla Ricárdez.
Se efectuaron también los conversatorios Obligaciones, efectos y alcances de la acción de inconstitucionalidad 148/2021 relativa a la penalización del aborto y, con la asistencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el denominado Participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, en el que se expusieron los alcances de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.
Así también el Centro de Especialización Judicial auspició la conferencia Recursos en el Código de Procedimientos Civiles en Tabasco, Problemáticas actuales, que disertó el juez de distrito Mariano Suárez Reyes, y juezas de ejecución de sentencias del Poder Judicial formaron parte de la Primera Jornada de Capacitación y Actualización de los Comités Técnicos de los Centros Penitenciarios de la entidad.
Y en materia de género y derechos humanos, tuvieron verificativo las conferencias Un nuevo delito en materia de género, violencia política contra las mujeres, a cargo de la entonces presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT); Violencia en el noviazgo, que disertó Lily Lara Romero, directora del Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco; El acceso de las mujeres a la justicia, impartida por la profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña.
El 27 de mayo, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Beatriz Claudia Zavala Pérez, disertó la conferencia ¿De qué va la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres y los tribunales de justicia?, en la que llamó a la sinergia entre autoridades.
También como parte de las actividades impulsadas por la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, el 2 de mayo el Poder Judicial auspició la Semana de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para robustecer la labor jurisdiccional y la tutela de los derechos de los menores, y el 9 de agosto dio comienzo el Diplomado en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que durante siete meses ha proporcionado herramientas de conocimiento a 300 operadores jurídicos.
CERCANO A LA CIUDADANÍA
Por lo que se refiere a la atención al público se brindaron mil 175 audiencias, 962 de ellas relacionadas con expedientes, para dar continuidad a la política de puertas abiertas. Además, con el servicio de mensajería de Whatsapp se ha brindado atención personalizada a los justiciables y adicionalmente, el 15 de septiembre se puso en funcionamiento un módulo de atención ciudadana en el Centro de Justicia Civil y Familiar de la colonia Atasta.
En un esquema de audiencia pública, el magistrado Enrique Priego realizó giras de trabajo durante agosto y septiembre por juzgados de Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Macuspana, Paraíso y Tenosique, donde pidió a los servidores judiciales privilegiar el trato humano y cordial a quienes acuden a realizar trámites.
Y para dignificar la función jurisdiccional se adquirió inmobiliario y equipamiento informático y de tecnologías de la información y comunicación con el cual facilitar la labor de los juzgadores y garantizar la seguridad del acervo de la institución, con la adquisición de un equipo NAS Synology Storage con capacidad de 32 terabytes.
Además, se desarrolló una nueva versión del Sistema Generador de Exámenes (Genexa), ahora Sistema de Evaluación Integral de Carrera Judicial (SEICJ), con la posibilidad de presentar evaluaciones a distancia, se reforzaron sistemas de videovigilancia en juzgados con la incorporación de 20 cámaras de alta tecnología y se dio mantenimiento a equipos de telefonía en 282 extensiones.
En materia de infraestructura, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) e ingresos propios se ejecutó un amplio programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura con la cual mejorar el servicio que se presta a los justiciables en los 17 municipios.
De esta manera, se habilitaron una sala de escucha de menores en el juzgado primero civil de Cunduacán, donde también se entregó el área de oficialía de partes solicitada en gira de trabajo al magistrado Priego Oropeza el pasado 19 de agosto, así como dos salas de audiencias de oralidad en la región 9 del sistema penal acusatorio adversarial en el municipio de Centro que fueron rehabilitadas y equipadas completamente.
En antiguas instalaciones de juzgados en Comalcalco se habilitó una extensión del Centro de Acceso a la Justicia Alternativa (CAJAP), se construyó el elevador que da servicio al edificio de juzgados laborales del municipio de Centro, donde también se aplicó pintura, y se brindó mantenimiento a los archivos judiciales de Jalpa de Méndez y Centro
En la sede central del Tribunal Superior de Justicia también se ejecutaron trabajos de rehabilitación y de manera consistente se dio mantenimiento a instalaciones de juzgados de Balancán Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, Comalcalco, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, Paraíso y Teapa.
Otras áreas que también se vieron beneficiadas con estas acciones fueron el Centro de Convivencia Familiar y las salas unitaria especializada en justicia para adolescentes y oralidad para adultos, así como de juicios de oralidad mercantil, ambas de Centro, y la bodega del Tribunal Superior de Justicia.
APOYO SOLIDARIO
En el amplio análisis ante el Congreso, el titular del Poder Judicial resaltó el auxilio de las áreas administrativas como Oficialía Mayor, Tesorería Judicial, Secretaría Particular, las direcciones de Contraloría, Jurídica y de Comunicación Social, las unidades de Igualdad de Género y de Transparencia, así como los centros de Estadística, Informática y Computación, de Información y Documentación Jurídica y de Especialización Judicial.
En el informe anual se brinda especial relevancia a la labor del Voluntariado encabezado por la señora Mercedes Segura de Priego que desplegó un intenso trabajo altruista en favor de la población vulnerable y el bienestar de las familias de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia.
Las acciones van desde la entrega de medicamentos e insumos de aseo personal a usuarios del hospital de Alta Especialidad de Salud Mental, vastos cargamentos de tapas de plástico para canjearlas por tratamientos para niños con cáncer en apoyo a la Asociación de Padres de Pacientes con Enfermedades Hematológicas, Oncológicas y Pediátricas, hasta la donación de medios de contraste para tomografías para población vulnerable atendida en los hospitales Juan Graham Casasús y Gustavo A. Rovirosa.
La señora Segura de Priego se dio tiempo para auspiciar la Lotería de Valores en compañía de la titular del DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, a la cual entregó despensas y material de limpieza e higiene para ser distribuidos a los damnificados del huracán Ágatha, en Oaxaca, y los afectados por las inundaciones en Pichucalco, Chiapas y Huimanguillo, Tabasco por la tormenta tropical Karl, ocurrida en octubre pasado.
Asimismo, impulsó un programa de vacunación contra la influenza, dosis que se aplicaron a 650 trabajadores en la sede central del Tribunal Superior de Justicia y el Centro de Justicia Civil y Familiar de la colonia Atasta. En el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre, auspició la conferencia Detección y Prevención Oportuna del Cáncer de Mama y el 19 de noviembre, en el marco del Día Internacional del Hombre, organizó una jornada de detección de cáncer de próstata.
En el periodo, el dispensario médico que depende del Voluntariado del TSJ brindó tres mil 925 atenciones preventivas y fomentó hábitos sanos.
Finalmente, para conservar las tradiciones que nos dan identidad, se llevó a cabo el concurso de Catrines y Catrinas 2022, en el que de manera simultánea se inauguró el altar de muertos para rendir homenaje a los compañeros que sucumbieron la pandemia de covid-19, y la inauguración del nacimiento monumental que engalana el frontispicio del Tribunal Superior de Justicia, ceremonia a la que acudió la titular del DIF Tabasco.
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