CARTA ABIERTA
El año recién iniciado será clave en el entorno de la política en Tabasco. Diversos personajes tendrán tareas de importancia desde sus respectivas gestiones y partidos, teniendo como referencia, se quiera o no, la presidencia de López Obrador y el manejo de Adán en la política interior del país. Por eso estarán bajo la lupa de la opinión pública local en 2023.
Carlos Manuel Merino. Como gobernador de Tabasco, tendrá la misión, nada fácil, de seguir generando buenos resultados en su mandato. Los ojos de los mexicanos estarán puestos en el Edén para observar cómo se avanza en la tierra del presidente. Lo que pase o deje de pasar será puesto como ejemplo de lo que Morena logra con un coterráneo en Palacio Nacional.
Guillermo del Rivero. La mano derecha del mandatario estatal tendrá una incidencia directa en el logro de resultados favorables del Gobierno. Mantener la gobernabilidad interior, apoyar con acierto a Carlos Manuel Merino, tiene un componente adicional: su propia aspiración a ser el candidato a la Quinta Grijalva. Cuenta con la simpatía de Adán Augusto y del propio gobernador, ambos de la misma tendencia morenista en el Edén. Tender puentes de diálogo con todos los partidos será una tarea obligada para erigirse como puente de interlocución con el Ejecutivo.
Yolanda Osuna. La alcaldesa de Centro cerró 2022 como la segunda con mayor apoyo ciudadano de todo el país (62.8%), sólo cinco décimas detrás de su homóloga de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, de Movimiento Ciudadano (63.2%). Otro logro fue alcanzar una calidad crediticia favorable de Moody’s, situando el manejo financiero del Municipio como estable y con una proyección positiva hacia 2023. El acertado manejo del director de Finanzas, Fernando Calzada Falcón, permitirá alcanzar un superávit de las finanzas, lo que no sucedía desde 2017. Osuna también está en la lista de Morena a la gubernatura. De allí que su desempeño sea seguido muy de cerca en los próximos doce meses.
Juan Manuel Fócil. Luego de que Jesús Zambrano lo destapara como abanderado de la alianza Va por México al Gobierno de Tabasco, el senador perredista está en ‘los cuernos de la luna’. Ha tomado la delantera en la lista de los aspirantes de la oposición. Ello le da ventaja al momento de negociar la postulación con el PRI y el PAN.
Dagoberto Lara. El dirigente del PRI tiene mucho que decir en cuanto a la nominación del candidato a la gubernatura. Le ha tocado ‘bailar con la más fea’ al dirigir un partido ahorcado financieramente, y con barones que han huido como ratas al ver que la nave se hunde. Su voz contará en la designación de los candidatos, lo que en mucho dependerá de los resultados en el Estado de México y Coahuila.
Andrés Granier. La demanda por daño moral, y los que resulten, contra el exgobernador perredista Arturo Núñez dará mucho de qué hablar este año. El Químico ha asegurado no buscar dinero, sino llevar a juicio a quienes torcieron la ley para llevarlo a la cárcel por casi seis años. Con el apoyo de su hijo, el diputado priista Fabián, ha dado paso a su propia ‘Duda razonable’, emulando el caso de los tres hombres acusados falsamente de secuestradores por las mismas personas que los persiguieron a ellos. Además, ha dado a entender que estará en las boletas electorales.
Otros personajes de la política local que será necesario observar, porque darán mucho de qué hablar en lo político-electoral: Raúl Ojeda, Rosalinda López, Octavio Romero Oropeza, Andrés Manuel López Beltrán, Manuel Rodríguez González y Carlos Iñiguez (Morena). Francisco Lastra Bastar, Erubiel Alonso, Fabián Granier (PRI), Manuel Andrade (PRD), Pedro Jiménez León y Gerardo Gaudiano (Movimiento Ciudadano).
: LA RÚBRICA
El portavoz del Gobierno estatal, Juan Carlos Castillejos, descarta que el Ejecutivo vaya a presionar al Congreso local para aprobar la iniciativa de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios, presentada por el gobernador en abril de 2022. Dice que son respetuosos de los tiempos del Legislativo, por lo que respetarán la autonomía de este Poder. La ley ordena que los entes públicos indemnicen a los ciudadanos por los daños y perjuicios de una actividad administrativa irregular; sin embargo, por cuestiones económicas, no ha sido aprobada por el Legislativo. Castillejos explica que si la Lay es resuelta, los dineros para el pago de las indemnizaciones saldrán del presupuesto de cada ente público.