CARTA ABIERTA
La ley anti injurias al presidente de México ha encontrado el franco rechazo del propio López Obrador. A la vez, se ha revelado como una muestra de hasta dónde son capaces de llegar algunos morenistas con tal de congraciarse con el tabasqueño.
En efecto, los exagerados elogios para los gobernantes en distintos niveles, algo que ha formado parte de la cultura política mexicana desde siempre, ha encontrado el repudio de AMLO.
Este episodio revive un eterno dilema. Están los que, en un afán maniqueo, se dedican a santificar al poder en turno, sin aportar nada útil para el ejercicio público y mucho menos para los ciudadanos. Y están los que se esfuerzan por hacer una crítica constructiva, útil incluso al gobernante porque le hace ver sus fallos, muy alejada de una posición opositora a ultranza que, por intereses políticos, todo lo rechaza por consigna.
Y ha sido Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas la diputada federal de Morena quien propuso elevar las multas por “injuriar” al presidente de la República. Es una ‘fichita’, porque antes de ser legisladora, fue detenida en 2015 con un millón de pesos en efectivo en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, por la entonces PGR.
Obrador adelantó ya que utilizará su derecho de veto: “Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más, yo no sé quién hizo eso”. Enojado, determinó que él no necesita este tipo de “ayudas”, que finalmente no promovió esta iniciativa, expresando que vetará el dictamen ya que ello no ayuda a la libertad de expresión.
Más tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el dictamen, aprobado el martes en una comisión de la Cámara de Diputados, es un “error estratégico” que podría no ser avalado por los senadores.
La historia de lambisconerías para el presidente no ha empezado con el fracaso de esta iniciativa. En septiembre de 2020, el entonces aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, propuso cambiar el nombre oficial de Tabasco al de “Tabasco de López Obrador”. En noviembre de 2021, Patricia Armendáriz propuso al mandatario como candidato al Premio Nobel de la Paz, luego de que el tabasqueño presentara su ‘Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar’ ante miembros de la ONU. Y para acabarla de fregar, en agosto del año pasado, Félix Salgado Macedonio propuso la reelección de López Obrador.
Se sabe que estos desbordados elogios nunca han sido del agrado del oriundo de Tepetitán y que, por el contrario, le son molestos. Por eso esa ley anti injurias le ha parecido una tontería con todas sus letras. Que sirva esto para que los ‘barberos’ de siempre tengan un poco más de decoro, entendiendo que esta no es la forma de ayudar a la gestión del presidente.
: LA RÚBRICA
El gobernador Carlos Manuel Merino recibió hace unos días en Palacio al embajador estadounidense, Kenneth Salazar. Fue un encuentro para dar seguimiento a los compromisos de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Al encabezar una reunión virtual con gobernadores y representantes de los estados del sur-sureste, Merino dijo que Tabasco se ubica como uno de los primeros lugares en el país en el rubro de captación de inversiones norteamericanas. En ese sentido, habló del interés de una firma manufacturera por establecerse en territorio tabasqueño…. De acuerdo a lo dicho en tribuna por el diputado local del PRI, Fabián Granier, la sobrepoblación en las cárceles de Tabasco viola los derechos humanos de los reclusos, es un riesgo permanente de salud pública y una “bomba de tiempo” para la gobernabilidad de los centros penitenciarios. Puso como ejemplo el CRESET de Villahermosa, porque a pesar de tener una capacidad de mil 325 personas hoy alberga a un aproximado de mil 983 hombres y mujeres. Argumentó que una de las razones de este hacinamiento, es el uso y abuso de la figura de prisión preventiva que hoy mantiene a cuatro de cada 10 personas privadas de su libertad sin sentencia que confirme la comisión de algún delito. Esto, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal.