CARTA ABIERTA
A tres meses y medio de que Andrés Granier denunciara penalmente a Arturo Núñez y a otros funcionarios de su gabinete, el fiscal Nicolás Bautista Ovando no ha informado de algún avance en las investigaciones. Si bien el exgobernador priista ha dicho confiar en la Fiscalía, hasta ahora no se ha citado a quien fuera su sucesor en la Quinta Grijalva. Y no hay visos de que esto vaya a suceder pronto. ¿Por qué?
Como se recuerda, el 29 de abril el Químico presentó una denuncia contra Arturo Núñez, y el exfiscal del Estado, Fernando Valenzuela, por las acusaciones de evasión fiscal y peculado que lo llevaron a la cárcel por casi seis años. En la querella también están señalados Guadalupe Cadena Sánchez, Luis del Alba Pardo Cruz y quienes resulten responsables, a fin de aclarar los motivos por los que estas personas y sus cómplices emprendieron una persecución política.
En un video difundido en ese entonces, Granier expresó su confianza en que las autoridades “harán una investigación amplia y profunda para que el peso de la ley caiga encima de quienes hayan usado la justicia como arma de venganza política”.
Granier fue capturado en 2013 y encarcelado en el Reclusorio Oriente. Por su estado de salud, en 2019 le otorgaron prisión domiciliaria, pero ese mismo año su defensa consiguió la exoneración de todos los cargos.
Se sabe que el entonces gobernador Adán Augusto apoyó los trámites legales para hacer justicia. Es más, a pesar de la evidente cercanía de López Obrador con Arturo Núñez, hasta las manos del primero llegaron las pruebas de las acusaciones falsas, tanto que no puso objeción cuando supo que el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, con Enrique Priego al frente, enmendaría esas violaciones a la ley.
El caso es que tras varios años se ha sabido la verdad oculta: el gobierno nuñista usó la justicia como un arma de venganza política, no sólo para legitimarse en el cargo, sino para cobrarse una supuesta afrente ocurrida allá por el año 2000, cuando Granier respaldó a Manuel Andrade para la candidatura al gobierno estatal, en detrimento de las aspiraciones del entonces coordinador de la bancada priista en San Lázaro.
Ahora, el tiempo sigue corriendo. Han pasado ya tres meses y medio desde esa querella presentada ante la Fiscalía el 29 de abril, pero los abogados de Granier siguen expresando su confianza en que las autoridades harán una investigación amplia y profunda. Mientras, en el círculo cercano al Químico comienza a surgir la impaciencia sobre la falta de acciones concretas por parte del fiscal Nicolás Bautista Ovando.
En su momento, el gobernador Carlos Manuel Merino se limitó a señalar que se trata de un tema personal y que serán las autoridades competentes las que determinen si Granier Melo tiene razón o no.
Por lo pronto, el Químico insiste en llevar a la cárcel a los responsables de torcer la ley. A la par, se dice que pronto retomará sus apariciones públicas para tener una participación más activa en decisiones del PRI, partido que le ha ofrecido ser senador de la república.
: LA RÚBRICA
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