CDMX. Elevar a rango constitucional el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano constituye un asunto de vital importancia, en aras de garantizar una vida digna a la población, pero especialmente a quienes menos tienen, sentenció el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal, Manuel Rodríguez González.
Lo anterior, luego de que los integrantes de este órgano legislativo aprobaron por mayoría de votos una opinión en sentido positivo a la iniciativa del Ejecutivo Federal que busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución General de la República, en materia de industrias estratégicas del Estado.
Manuel Rodríguez aseveró que la planeación y control del sistema eléctrico busca preservar la autosuficiencia energética y proveer electricidad a precios asequibles y sin fines de lucro, por lo que consideró que la iniciativa remitida al Legislativo por parte del presidente de la República “es favorable en materia de industrias estratégicas del Estado”.
La opinión avalada por el diputado federal de Tabasco establece que la transformación de Empresas Productivas del Estado en Empresas Públicas –tal como propone la iniciativa presidencial– conlleva un enfoque en el servicio público.
Es así, porque al reconocer su carácter como entidades al servicio de la sociedad y del interés nacional, estarán primordialmente orientadas hacia la satisfacción de las necesidades y demandas de la población en general, recalcó Rodríguez González.
Dijo que en la opinión emitida por la Comisión de Energía y remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, se puntualiza que este cambio en la denominación de las empresas estratégicas del Estado “implica un compromiso con la prestación de servicios de calidad y el cumplimiento de objetivos sociales y económicos que beneficien a la comunidad en su conjunto”.
Manuel Rodríguez destacó que para llegar a estas conclusiones, se tomaron en cuenta las opiniones y argumentos expresados en el ejercicio de Parlamento Abierto a través de los Diálogos Nacionales, que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional.
Es de vital importancia elevar a rango constitucional el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, porque para una vida digna es requisito fundamental e interdependiente; es decir, se encuentra directamente relacionado con los derechos humanos básicos, sostuvo.
Puntualizó que en tal sentido, la Comisión de Energía estima que esa condición debería quedar plasmada en el artículo 4º constitucional, tal como ya se había planteado en el dictamen que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía aprobaron en abril 2022, relacionado con el proyecto de reforma a los artículos 4º, 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de energía, y de acceso a la energía eléctrica.