CARTA ABIERTA
La impecable información de Nicasio Arias en El Heraldo de Tabasco, ayer martes, pone de relieve un tema que ha generado controversia y suspicacia en el ámbito político de Tabasco: la aparente protección cupular nacional al exgobernador Arturo Núñez Jiménez.
Su Gobierno ha sido objeto de diversas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, OSFE.
Estas observaciones ascienden a más de 9 mil millones de pesos, con irregularidades concentradas en los sectores de salud y educación.
Sin embargo, la ASF no ha interpuesto una sola demanda penal contra funcionarios de la anterior administración perredista.
Este dato contrasta notablemente con la celeridad con la que se actuó contra la gestión de su antecesor priista Andrés Granier Melo, donde las demandas penales se presentaron solo dos años después de detectadas las irregularidades.
La falta de acción penal ha levantado sospechas sobre una posible protección política desde el ámbito federal.
Esta acusación se basa en una supuesta aplicación de la frase atribuida a Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Aunque históricamente no se ha comprobado que Juárez haya pronunciado esta frase, ya que es sabido que no hizo concesiones a sus amigos, la idea persiste en el imaginario popular como un reflejo de favoritismo y protección entre aliados políticos.
Las dudas sobre quién protege a Núñez se ven reforzadas por las declaraciones de Fabián Granier Calles, diputado local priísta e hijo del exgobernador Granier Melo.
Fabián ha expresado abiertamente su desconfianza hacia las autoridades encargadas de investigar las denuncias contra Núñez, sugiriendo que se busca dar “carpetazo” a las acusaciones.
La falta de recuperación de los recursos mal gestionados es alarmante.
De los más de 4 mil millones de pesos de recursos federales observados, hasta junio del 2024 sólo se han recuperado 93 millones 300 mil pesos.
Este bajo porcentaje de recuperación alimenta aún más la percepción de ineficacia o, peor aún, de complicidad en las instancias del centro del país.
La protección de muy alto nivel parece ser un tema de justicia selectiva, donde las relaciones políticas y los intereses personales pueden estar influyendo en la aplicación de la ley.
Ante este panorama, las autoridades deben mostrar su compromiso con la rendición de cuentas, para asegurar que la justicia no sea una cuestión de “gracia para los amigos”.
: LA RÚBRICA
El gobernador Merino Campos ha sido categórico al descartar cualquier vínculo entre la actividad de la refinería Olmeca y los recientes problemas ambientales reportados en el Río Seco. Asegura que la refinería no emite ningún tipo de desecho a los cuerpos de agua de la región, respaldando su afirmación con datos de mediciones realizadas por la Conagua, Profepa y la Secretaría de Salud. El mandatario reconoce las preocupaciones de los pescadores y habitantes locales, quienes han reportado mortandad de peces y cambios en el color del agua. Sin embargo, asegura que los estudios iniciales apuntan a causas diferentes a las emisiones industriales, revelando que no hay descargas de la refinería en los afluentes cercanos. Además se realizan análisis más detallados para esclarecer el origen real de ese extraño color rosa del agua. En este contexto, es crucial que se mantenga la transparencia en la información y se continúe investigando con rigor científico. La refinería Olmeca es una fuente importante de desarrollo económico, pero es fundamental garantizar que su operación no comprometa la salud ambiental. La promesa de Merino de conocer la fuente de contaminación es un compromiso que debe ser respaldado con resultados claros. Es importante dar certeza a todos sobre lo que ocurre…En un gesto muy revelador, el presidente López Obrador ha solicitado al capo Ismael «El Mayo» Zambada que revele toda la información sobre los vínculos del cártel de Sinaloa con funcionarios tanto de México como de Estados Unidos. Esta solicitud desmiente las insinuaciones de sus detractores sobre una posible relación con el narcotraficante. Si tales acusaciones fueran ciertas, no estaría exigiendo que Zambada destape los detalles de sus conexiones con las autoridades. Durante su conferencia en Palacio Nacional, el presidente subrayó la importancia de conocer el nivel de apoyo y protección que el cártel recibió de las autoridades, y también de los acuerdos con las agencias estadounidenses. López Obrador enfatizó que la detención de Zambada es crucial para desenmascarar los pagos y protecciones brindadas por autoridades corruptas, pero también subrayó que esto no resolverá el problema del narcotráfico si no se abordan las causas profundas, como el consumo de drogas en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial. Este llamado desde la mañanera parece desmantelar cualquier acusación infundada acerca de su supuesta cercanía con este tipo de poderosos criminales.