CÁBALA
Si bien en este mismo espacio, consideramos que el paquete de reformas constitucionales del Presidente Andrés Manuel López Obrador, solo eran cuestión de tiempo para ser aprobadas luego de la mayoría aplastante lograda en las elecciones del pasado dos de junio; también remarcamos que sería Claudia Sheinbaum, Presidente electa, quien enfrentaría los retos y las presiones internacionales, generadas por el llamado “Plan C”.
La resistencia interna ha sido superada por el régimen cuatroteista, encasillando los reclamos de la alianza opositora – ahora legislativa- a “voces en el desierto”; sin embargo de nueva cuenta las presiones internacionales – que no deben minimizarse- han comenzado a generar los primeros dolores de cabeza a la administración entrante, a cuatro días de tomar el poder.
En medio de la polémica por la reforma judicial y los reclamos al incumplimiento de la comisión de la verdad sobre “el caso Ayotzinapa”, finalmente el congreso de la unión, de mayoría morenista, autorizó la transferencia del control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En términos efectivos, esta transferencia de acuerdo a especialistas del derecho, dejan al país sin una fuerza policial civil a nivel federal, elevando “a rango constitucional”, la militarización del país.
Aquí, desde luego, son ahora los organismos internacionales los que han comenzado a mostrar “cifras” y “estadísticas” que enumeran al ejército mexicano, como uno de las instituciones con mayor violación a los derechos humanos, partiendo, para no variar, de las acusaciones ya históricas hacia este cuerpo, sobre el asesinato de estudiantes en Ayotzinapa.
La reforma desde luego, no contempla disposiciones que brinden garantías de supervisión a la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de derechos humanos, a pesar de ser esta, la que más violaciones o denuncias de este tipo ha sumado en los últimos 20 años.
Será pues a partir del próximo martes, cuando Claudia Sheinbaum, enfrente los señalamientos internacionales sobre medidas de protección a los derechos humanos a la población, después de la aprobación que el Congreso de la Unión hizo efectiva el día de ayer.
La militarización de las fuerzas de seguridad y la defensa de los Derechos Humanos, es el debate inconcluso que ocupará las primeras reacciones del gobierno entrante, en medio además, de la fluctuación cambiaria del peso ante el dólar, que amenaza y ejerce presión internacional al gobierno Mexicano.
Veremos.
Kybalión.- Más que fractura, en el PT local hay evidencias que “los golpes bajos” y las “diferencias internas” entre Juan Carlos Ortiz Celaya, que managea a Sofía Arenasas y el Zacatecano Martín Palacios, líder de la fracción “rojiamarela”, no logren llevar a buen puerto los trabajos legislativos de esta fracción.
La tensión “petista” amenaza alcanzar al líder de la fracción Jorge Bracamontes, con quien el ex candidato al Senado, presume acuerdos.
La “borrachera electoral” petista que se agenció tres alcaldías y tres diputaciones plurinominales en la pasada elección del dos de junio en Tabasco, pareciera aun, no tocar fondo.