CARTA ABIERTA
Ricardo Monreal Ávila ha estado envuelto en múltiples controversias que ponen en entredicho su integridad y la de su familia. Uno de los casos recién destapados es la adquisición fraudulenta con recursos públicos, en mayo de 2022, de 300 ejemplares de su libro “Poder Legislativo”, que por más de un millón de pesos hizo el Senado cuando el zacatecano presidió la Junta de Coordinación Política.
Según una investigación de la periodista Daniela Barragán, del medio capitalino Sin Embargo, se adquirieron estos ejemplares a precios inflados, y para autorizar estas compras se habrían falsificado firmas, incluyendo las de los senadores Higinio Martínez e Imelda Castro, quienes negaron haber firmado dichos documentos.
Este escándalo refleja una alarmante falta de ética y transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte de Monreal.
La utilización de fondos del Senado para promover sus obras personales, además de implicar un evidente conflicto de interés, demuestra una traición a la responsabilidad que ocupó a lo largo de seis años.
Y es que la falsificación de firmas de propios compañeros senadores, para legitimar estas compras, añade una capa de ilegalidad que no puede ser ignorada.
Además, la sombra del nepotismo y la corrupción se extiende sobre la familia Monreal en Zacatecas.
Ricardo Monreal ha sido acusado de consolidar una red de poder que abarca múltiples cargos gubernamentales ocupados por sus familiares, lo que ha llevado a que se les considere prácticamente los dueños del estado. Además, claro está de ocupar cargos federales.
Este control familiar perpetúa prácticas antidemocráticas, y también facilita la corrupción y el tráfico de influencias en unas siglas que han estado envueltas en muchos escándalos de esta naturaleza, desde que López Obrador tomó el mando de la presidencia del país.
El fraude de los libros autocomprados por Monreal a precios inflados, con dinero del Senado y con firmas falsificadas, fortalece las recientes denuncias presentadas en tribuna por Adán Augusto.
Más que un aparente berrinche por haber tenido un recorte en el presupuesto de la Cámara Alta para 2025, lo dicho por el tabasqueño la semana pasada pone de relieve las diversas prácticas cuestionables de Monreal durante su gestión.
Adán ha señalado la existencia de contratos millonarios adjudicados de manera irregular, sugiriendo un manejo opaco y posiblemente corrupto de los recursos públicos.
Ante ello, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha enfatizado la necesidad de investigar a fondo estas acusaciones. Alcalde ha declarado que cualquier irregularidad debe ser denunciada y que no se tolerará la impunidad dentro del partido, subrayando la responsabilidad de los funcionarios públicos de actuar con transparencia y ética.
Más allá del partido, es imperativo que las autoridades competentes lleven a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer estos señalamientos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.
Cualquier desviación de estos principios debe ser corregida con firmeza, para garantizar la confianza de la ciudadanía en un partido que se dice diferente al resto de las siglas.
Por lo demás, está claro que Monreal ha fracasado esta vez en su conocida práctica de engañar con su conocido papel de víctima del poder o de grupos antagónicos.
Visto con la ‘cabeza fría’ que pide Claudia Sheinbaum, Adán ha tenido razón en eso de destapar la clase de ‘fichita’ que es su compañero de partido. Compañero, por cierto, que buscó ser presidente del país.
: LA RÚBRICA
Las declaraciones del gobernador May en torno a la situación de seguridad en Tabasco reflejan un intento de transparentar la complejidad del problema y de explicar las estrategias de su administración. Al señalar que las autoridades están en una «etapa de contención» para evitar que los grupos criminales se enfrenten entre sí, May Rodríguez reconoce la raíz del conflicto: disputas territoriales entre organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico. Esta postura busca diferenciar el fenómeno de violencia del crimen organizado de la vida cotidiana de la población. El gobernador hace hincapié en que los enfrentamientos no tienen como objetivo directo a la sociedad civil, sino que son consecuencia de actividades ilícitas. Esto es un intento de calmar las percepciones de inseguridad para situar el problema en su justa dimensión. Cuando el mandatario estatal se refiere a la «subjetividad» de la percepción de inseguridad, plantea un punto válido: si bien la violencia es un problema real que no puede minimizarse, también es cierto que la percepción puede estar influenciada por factores externos que no reflejan los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad. La estrategia de contención implementada es, en este sentido, un paso lógico en el proceso de pacificación. Antes de poder erradicar completamente la violencia, es necesario frenar su escalada, limitar los daños y evitar que las organizaciones criminales operen con total impunidad. Este enfoque muestra que el gobierno no está evadiendo su responsabilidad, sino actuando con prudencia y firmeza en un contexto complejo… El asesinato de José Rodolfo López Vázquez, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado (SUTET) en Jalapa, expone la vulnerabilidad de actores sociales y políticos en contextos de inseguridad. El hecho de que el líder burócrata haya sido atacado previamente durante una boda y posteriormente secuestrado y ejecutado en su propio domicilio refleja la impunidad con la que actúan los grupos armados. Más allá del impacto individual, el asesinato de López Vázquez afecta al gremio que representaba, generando incertidumbre y miedo entre los trabajadores y líderes sindicales. Asimismo, el contexto en que sucedió —un segundo ataque tras haber sobrevivido al primero— subraya la necesidad de estrategias de seguridad más contundentes y coordinadas.