CARTA ABIERTA
El arribo de Serafín Toledo Lazcano como nuevo secretario de Seguridad, junto con Jesús Amaya Guerrero como comisionado de la Policía Estatal, marca un cambio radical en la estrategia seguida desde octubre de 2024.
Bajo la mano de Omar García Harfuch y el respaldo del gobernador May, se observa un claro alejamiento de los mandos militares que dejaron una estela de violencia bajo la gestión del general Víctor Hugo Chávez Martínez y el coronel Alfredo Gutiérrez Rosado.
Ahora, el enfoque recae en mandos civiles con amplia experiencia en inteligencia y operaciones policiales, lo que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la delincuencia organizada.
Toledo Lazcano, con más de tres décadas de trayectoria en la Fiscalía General de la República, incluyendo su paso por entidades conflictivas como Sinaloa, Michoacán y Guerrero, llega con el aval político necesario para implementar una estrategia técnica y estratégica.
Su designación, junto a Amaya Guerrero, quien cuenta con una maestría en Seguridad Pública y 28 años de experiencia en la FGR, refleja la apuesta por profesionales capacitados frente a la militarización que caracterizó el fallido modelo de este sexenio morenista.
Este giro busca cambiar el plan de Chávez Martínez, quien también nombró a militares como directores de la policía en once municipios.
Los resultados de los nuevos mandos radicarán en el uso estratégico de la inteligencia. Frente a los retos de contener la violencia criminal y corregir los excesos de la militarización, Harfuch ha asumido un rol central como coordinador principal de la política de seguridad pública en el ex Edén.
Con un grupo de investigadores recién llegados desde la Secretaría de Seguridad federal, y el envío de 300 militares más, los dos niveles de gobierno buscan revertir la ola de violencia.
La remoción de Víctor Hugo Chávez Martínez se definió en la cita que Harfuch y May, por órdenes de Claudia Sheinbaum, tuvieron el miércoles 12 en la Ciudad de México.
Este golpe sobre la mesa en el ámbito federal envía varias señales: la seguridad pública puede regresar a manos civiles especializadas cuando el caso lo amerite, alejándose de la lógica militar que ha demostrado sus límites en contextos donde el problema es más que el uso de la fuerza.
Con Harfuch al mando, con Toledo y Amaya implementando una visión respaldada por inteligencia estratégica, el Gobierno maycista apuesta a corregir los recientes desaciertos.
Este cambio de estrategia representa una oportunidad para demostrar que la seguridad pública puede gestionarse de manera eficaz.
Lo más importante es revertir la espiral de violencia que acumula cerca de 160 asesinatos en los dos primeros meses de 2025.
¡Qué no darían los tabasqueños por verse reflejados en un entorno como el de Yucatán!
:LA RÚBRICA
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