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La reanudación de la prueba PISA en México, a pesar de las controversias, es un paso que puede ser positivo para el sistema educativo. La decisión del gobierno de Mario Delgado de aplicar esta evaluación, a pesar de que fue forzada por un amparo judicial, muestra que hay un reconocimiento de la importancia de medir el rendimiento educativo de los estudiantes.
Sin embargo, lo que preocupa es el contexto en el que esto está ocurriendo. La cancelación de la prueba en el gobierno anterior fue un reflejo de una postura crítica hacia las evaluaciones estandarizadas, que algunos consideran parte de un enfoque neoliberal. Ahora, con el litigio como única vía para lograr la aplicación de la prueba, se evidencia una falta de diálogo efectivo entre las autoridades y las organizaciones educativas.
Es fundamental que la SEP no solo cumpla con la orden judicial, sino que también se abra a un diálogo con todos los actores implicados en la educación. La calidad educativa no puede medirse solo con una prueba; debe ser parte de un enfoque más amplio que incluya la colaboración y la escucha activa de las necesidades de los estudiantes y maestros.
Además, si la aplicación de PISA se hace de manera transparente y se utilizan sus resultados para mejorar realmente el sistema educativo, podría ser beneficioso. Pero, si se convierte en una herramienta de presión o en un fin en sí misma, eso podría generar más problemas que soluciones.
En resumen, esta situación se maneje con responsabilidad y que sirva como una oportunidad para mejorar la educación en México, pero también creo que es crucial fomentar un ambiente de diálogo y colaboración para que todos los actores se sientan escuchados y valorados.