CARTA ABIERTA
El gobierno de Claudia Sheinbaum está en una encrucijada histórica. La tragedia de Teuchitlán, un rancho señalado como campo de exterminio, exige verdad, justicia y acción contundente.
No se trata de resolver un caso más dentro de la crisis de inseguridad en el país. Se trata de no repetir los errores que llevaron al desprestigio absoluto al presidente Enrique Peña Nieto por el caso de Ayotzinapa.
En 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes normalistas, el gobierno federal minimizó los hechos, ofreció narrativas inconsistentes y priorizó proteger su imagen sobre esclarecer la verdad.
Ocho años después, esa falta de transparencia sigue siendo uno de los retos a vencer. Hoy, ante las evidencias halladas en el Rancho Izaguirre —ropa, zapatos, pertenencias personales—, cualquier intento de subestimar o desmentir lo ocurrido sería caer en el mismo abismo peñista.
Miserables personajes morenistas, como Gerardo Fernández Noroña, han intentado borrar el tema de la agenda pública, afirmando que el sitio no es un campo de exterminio, haciendo así un flaco favor a la búsqueda de justicia.
Las familias de las víctimas, como la de Merani, una joven de 19 años cuyos tenis blancos fueron reconocidos entre los objetos encontrados, merecen respuestas claras, no distracciones ni negacionismos baratos.
La presidenta Sheinbaum ha anunciado medidas importantes: reformas legales para fortalecer la investigación de desapariciones, la creación de una base única de información forense y la equiparación del delito de desaparición con el secuestro.
Estas acciones son importantes, pero falta que el gobierno persiga a los intelectuales detrás de estos crímenes y desarticule las redes criminales que operan impunemente.
El duelo nacional expresado en el Zócalo el sábado 15, con miles de personas exigiendo justicia con veladoras en mano, refleja la urgencia de este momento.
México no puede permitirse otro caso Ayotzinapa, donde la impunidad y la desconfianza erosionaron aún más la relación entre ciudadanos y autoridades.
La historia juzgará a los gobiernos no solo por las crisis que enfrentaron, sino por cómo decidieron mirarlas. Sheinbaum tiene ante sí la oportunidad de romper un ciclo perverso: el de la indiferencia selectiva y la impunidad estructural que ha permitido que decenas de miles de mexicanos desaparezcan sin dejar rastro.
La justicia no basta si no desmantela las redes que alimentan la desaparición forzada. Y ninguna medida prosperará si quienes están en el poder permiten que los intereses políticos nublen su obligación de actuar.
El reto es resolver Teuchitlán; pero también evitar que Teuchitlán y Ayotzinapa se repitan. Porque mientras el país espera respuestas, el verdadero peligro no está en lo que desconocemos, sino en lo que sabemos y elegimos ignorar.