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Esta transformación coloca el interés público, la soberanía y la planeación en el centro de la política energética. Al fortalecer la autoridad reguladora del Estado y crear una nueva institución técnica, el gobierno busca mejorar la coordinación, eliminar duplicidades y simplificar los procesos. Se establece un modelo más eficiente, con reglas claras y trámites más ágiles, que reducen costos y brindan certeza a quienes deseen invertir en el sector. Nunca se había avanzado tanto en este sentido.
Este cambio tiene raíces profundas: es una herencia del cardenismo y responde también a una necesidad urgente de nuestra economía. Durante más de una década, especialmente después de la reforma de 2013, la política energética se guió por criterios de mercado. Esa reforma prometió competencia y precios bajos, pero los resultados fueron otros: las instituciones se debilitaron y la soberanía energética de México se vio comprometida. En ese periodo, la deuda de Pemex se duplicó y la inversión privada nunca alcanzó lo prometido.
Como ha dicho con claridad la presidenta Claudia Sheinbaum, para México, la energía no es una mercancía entre otras: es un recurso estratégico, clave para el desarrollo, la seguridad y la equidad del país. Eventos actuales en el mundo han demostrado que cuando el Estado renuncia a su papel rector en el sector energético, se generan graves desequilibrios. Por eso esta transformación devuelve al Estado su capacidad de planear, producir y distribuir energía con una visión de la preeminencia del interés colectivo sobre los intereses privados.
Al mismo tiempo, este nuevo modelo no excluye la inversión privada, ni nacional ni extranjera. Al contrario: la invita a participar con claridad y sin ambigüedades. En un marco democrático, la participación privada es bienvenida y será incentivada, con garantías de certeza jurídica, transparencia y un entorno de crecimiento.
Las nuevas reglas recientemente promulgadas establecen que las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recuperarán su carácter “público”, con lo cual operarán en beneficio del pueblo, con mayor responsabilidad, transparencia y alineadas con una planeación energética de largo plazo. Este principio de coordinación entre el sector público y el privado se conoce como planeación vinculante.
Los compromisos son claros: para 2030 México busca añadir 29 mil 74 megavatios de nueva capacidad energética y aumentar en 30 por ciento la producción de combustibles y gas natural. Solo este año se incorporarán 2 mil 228 megavatios.
Con reglas claras y una visión estratégica de largo plazo, el gobierno convoca a todos los sectores —empresarial, académico y sociedad civil— a construir juntos el futuro energético de México y de su pueblo soberano