VOCES AL VIENTO
Pese a su importancia ignoro por qué dos notas interesantes que circularon la semana pasada tuvieron poca repercusión; una de ellas salió de la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tabasco, en donde su titular Mileyli María Wilson Arias, asegura que, hasta el 23 de mayo actual, de 70 mil burócratas del Estado solo CASI el 50 por ciento ha cumplido con la declaración de modificación de situación patrimonial.
Esto quiere decir que más de 35 mil servidores públicos no han cumplido con este requisito; eso demuestra que quienes no lo han hecho o tienen “vara alta” con quien los ubico en ese puesto o una absoluta irresponsabilidad. Si la ley que regula a estos trabajadores se aplica, muchos quedarán sin empleo
NO lo dice Wilson Arias, pero me imagino que pese, a la prepotencia o aire de perdona vidas, con la que llegó esta gente a correr de su chamba hasta a los que tenían ahí más de 20 años laborando, ahora muchos de ellos serán suplidos a partir del primer día de junio próximo
Según establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, el plazo oficial para cumplir vence el 31 de mayo actual, por eso se considera que el que no lo hizo en su tiempo, se ira con la cola entre las patas que es lo que sinceramente espera la ciudadanía o, ¿simplemente se le aplicará una sanción administrativa? ¿será este último recuso una jugada de ajedrez?
Será interesante conocer el resultado de este desliz burocrático. Hasta hoy, el silencio impera
¿Será esta acaso la gran oportunidad que está esperando el Gobernador Javier May Rodríguez para sacudirse el lastre que trae en la canastilla del globo?
¿Será esta acaso la gran oportunidad que están esperando aquellos que anduvieron en campaña y no han tenido acceso al gran pastel?
Ahora bien, el periodista e investigador Paco Marín hizo público algo que llama poderosamente la atención, su estudio revela que durante el trienio pasado hubo un despilfarro de 40 mil millones de pesos en diversos ayuntamientos de Tabasco, tomando como referencia declaraciones que hiciera la alcaldesa de Jonuta María Soledad Villamayor Notario, quien desde que rindió protesta de su cargo en octubre pasado se encontró con que por lo menos 60 proyectos de administraciones anteriores fueron pagados pero no existen físicamente o simplemente las dejaron abandonadas
¿Por qué ella, aunque sea mediático sí denunció? y ¿los 16 restantes porque callaron el pico?
A poco más de 5 meses de distancia desde que tomó posesión la nueva administración del Órgano Superior de Fiscalización del Estado hasta hoy no ha dicho nada al respecto, no sabe nada, a menos que la instrucción sea esa o ¿ya la envió al archivo muerto?; aunque queda la remota posibilidad que el actual Congreso del Estado lo descubra, porque son éstos quienes revisarán las cuentas públicas 2024.
Y sabiéndolo, tampoco la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha dicho nada sobre este caso; o sea, coinciden en el silencio, aunque también es posible que -para no meterse en broncas- solo se concreten a cubrir su mandato y estar pendientes de lo que ocurra de octubre del 2024 al 2029, porque como ya es tradicional, el 2030 lo revisará el Congreso local 2031. Todo está fríamente calculado, decía el Chavo del 8.