Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
El Convenio de Colaboración Política entre Morena y Sociedad en Acción es un punto a comentar en la configuración del panorama político tabasqueño.
Suscrito por el presidente estatal de Morena, Jesús Selván García, y el líder de Sociedad en Acción, Ariel Cetina Bertruy, el acuerdo subraya la unidad como motor de la ”transformación” en la entidad.
Selván García articuló la postura del partido, enfatizando su disposición a colaborar con aquellas organizaciones que compartan “la visión de progreso”.
Su aseveración de que “no puede haber transformación, si no hay unidad”, sienta las bases ideológicas de esta alianza, que también la proyecta como un eje central para la consolidación del proyecto político que encabeza.
La mención explícita a la sintonía con las políticas públicas de Claudia Sheinbaum y Javier May, y su enfoque en el bienestar social, posiciona el pacto como un respaldo estratégico a la continuidad del oficialismo.
Ariel Cetina Bertruy, al frente de Sociedad en Acción, resaltó el trabajo comunitario y la gestión social como pilares de su agrupación, afirmando que “la vocación política es estéril, si no se posee vocación social”.
Este es el compromiso de Sociedad en Acción: la mejora de las condiciones de vida, la lucha contra la pobreza y la demanda de eficiencia institucional.
Al enfatizar el “humanismo, el bienestar individual y el desarrollo social”, Cetina posiciona a su agrupación como un actor con un marcado perfil cívico y social.
Su certeza de que la administración de Javier May considere diversas voces para construir caminos de progreso, refuerza también el carácter político de esta alianza.
Este es un movimiento calculador para robustecer el apoyo social y político a Morena, al tiempo que incorpora a una organización con arraigo en la base social.
La convergencia de estas fuerzas, cimentada en la “unidad y una profunda vocación social”, busca cimentar el entramado político y social necesario para que Morena siga en el poder por, al menos, un sexenio más, luego de concluir el Gobierno de May.
: LA RÚBRICA
Los ajustes en el equipo de Yolanda Osuna son un claro intento por fortalecer la administración y acelerar el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027. Nombramientos como el de Jorge Francisco Tirado Cabal en el IMJUDEC, Manuel Eduardo Rodríguez Torres en Limpia y Recolección, y Marlene Guzmán González en Atención Ciudadana, son una inyección de experiencia y nuevas perspectivas. Con sólidas trayectorias académicas y profesionales en sus respectivas áreas, sugieren una búsqueda de eficiencia. La reubicación de Guzmán González, por ejemplo, destaca la dinámica interna para optimizar roles. Estos cambios se traducirán en políticas públicas más efectivas para los ciudadanos. ¿Se cumplirán las expectativas de este renovado equipo? El tiempo lo dirá, pero la intención es clara: impulsar el progreso municipal con una visión renovada… La inminente renuncia de Sofonías Alcudia, figura con cuatro décadas de militancia y exdirigente priista en Cárdenas, es un síntoma de la profunda crisis que devora al PRI tabasqueño. Este nuevo golpe llega en un momento especialmente delicado, tras la polémica “apropiación” de las siglas del partido en Tabasco por parte de Erubiel Alonso, un movimiento que, según versiones, contó con el respaldo explícito de Alejandro Moreno Cárdenas. La salida de Alcudia, que sigue los pasos del exgobernador Andrés Granier, y el rumoreado adiós de Gustavo de la Torre Zurita, pintan un panorama desolador para el otrora partido dominante. La percepción de que solo quedará “quien cierre las puertas” del PRI no es una exageración, sino la cruda realidad de una dirigencia nacional desconectada y desgastada, incapaz de retener a sus cuadros históricos. ‘Alito’, lejos de sanar, parece haber profundizado la herida, acelerando el éxodo… El nacimiento del grupo armado “Cobra”, en Coatzacoalcos, presuntamente respaldado por empresarios locales, es un síntoma alarmante de la creciente inestabilidad social en México. La formación de estos grupos es motivada por la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad, y evidencia una preocupante “ley de la selva” donde los ciudadanos toman la justicia por su mano. La denuncia del grupo sobre el retiro de cámaras de videovigilancia, supuestamente facilitando sus operaciones, plantea dudas de todo tipo. La ausencia de una respuesta oficial aumenta la expectativa entre los habitantes. Esta situación refleja un fracaso del Estado de derecho, donde la línea entre la defensa legítima y el vigilantismo se difumina, sumiendo al país en una ruptura institucional.
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