Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
Desde una celda en Estados Unidos, Ovidio Guzmán –o más bien, su voz proyectada por el afilado verbo de su abogado Jeffrey Lichtman– parece haber iniciado una guerra distinta: con micrófonos, acusaciones y cámaras. El caso del hijo de “El Chapo” se ha convertido en una novela judicial de tribunales, pero también de percepciones, posicionamientos y daño político.
La aparición pública de Lichtman lanzando dardos directos contra la presidenta Claudia Sheinbaum no fue un exabrupto.
Fue, más bien, un ensayo con libreto medido: colocar a su cliente como peón en una disputa de mayor calado, sembrando la idea de que el gobierno mexicano tiene nexos en el submundo. Si eso se sostiene o se derrumba con pruebas, es otro cantar. Pero la narrativa ya fue soltada.
El hecho de que Lichtman esté negociando una entrevista con Fox News –precisamente con Jesse Watters, uno de los rostros más cercanos al ala dura del Partido Republicano– sugiere que el discurso irá más lejos.
No busca sólo una condena indulgente para su cliente; busca contaminar la de su contraparte. Acusar a Sheinbaum fue la primera bala. Lo que venga después quizá apunte más alto: relaciones institucionales, pactos no dichos, omisiones deliberadas. El escenario está montado.
Del otro lado, la presidenta respondió con una denuncia por difamación y con la promesa de no responder más al abogado de un narcotraficante, lo que recuerda el episodio cuando López Obrador amagó con demandar al defensor de García Luna, aunque aquella amenaza no pasó de palabras. ¿Pasará lo mismo con Sheinbaum? Quién sabe.
Al interior del gabinete, sin embargo, hay incomodidades. Algunos esperaban que la cancillería de Juan Ramón de la Fuente, la Secretaría de Gobernación de Rosa Icela Rodríguez, la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch o la Fiscalía de Gertz Manero encabezaran la reacción para evitar que Sheinbaum se subiera al ring. Sin embargo, el silencio prolongado y las decisiones tibias alimentan la idea de que hay grietas.
Desde «Rayuela», en La Jornada, se deslizó una crítica velada: una presidenta no debería desgastarse en debates con abogados de narcos.
Y mientras, en Estados Unidos avanza un proceso que podría tener consecuencias más serias: la validación de los dichos de Ovidio como testigo colaborador. Si lo que cuenta puede probarse, se abrirán expedientes.
Las ondas sísmicas de estas declaraciones cimbrarán a la política mexicana, y es lo que muchos temen dentro de la 4T.
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