La Agenda en Red
En México, la justicia ya no se elige por méritos. Se sortea. Literalmente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acaba de validar una elección de juzgadores marcada por el uso de “acordeones” —listas de candidatos previamente recomendados— y una participación ciudadana que apenas alcanzó el 13%. ¿Qué significa esto? Que el poder se reparte entre los mismos, mientras la ciudadanía queda al margen.
Tres magistrados —Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes— decidieron que todo estaba en orden. Que no importaba si los aspirantes fueron seleccionados por tómbola, sin pasar por una evaluación seria. Que no importaba si los “acordeones” favorecían a perfiles afines a Morena. Que no importaba si la mayoría calificada en el Congreso se obtuvo sin el respaldo real de las urnas. Lo validaron todo. Y con ello, validaron también la erosión de la independencia judicial.
Pero no todos se callaron. Reyes Rodríguez y Janine Otálora presentaron argumentos sólidos para anular la elección. Denunciaron la estrategia coordinada para influir en el voto. Se negaron a ser cómplices. Y eso, en tiempos de sumisión institucional, es un acto de valentía.
Lo que está en juego no fue solo una elección. Es el derecho de los ciudadanos a tener jueces imparciales, instituciones autónomas y datos veraces. Es el derecho a vivir en un país donde la justicia no se rifa, y la seguridad no se oculta.
Hoy más que nunca, necesitamos voces que incomoden, que denuncien, que despierten. Porque si dejamos que el poder se reparta en silencio, lo que se pierde no es solo la democracia. Es la dignidad.
