Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
La reelección de Marcos Rosendo Medina Filigrana como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tabasco manda una señal: el legislador continúa en la antesala del verdadero poder dentro del recinto parlamentario: apenas un escalón abajo del coordinador de la bancada oficialista, Jorge Bracamonte.
Que repita en un cargo así es un reconocimiento a su habilidad para navegar las aguas turbulentas del morenismo tabasqueño.
Rosendo ha cultivado un estilo que evita la confrontación directa con los bandos en pugna dentro de Morena. Ni con Adán Augusto ni con Javier May ha tenido rupturas; al contrario, ha sabido mantener vínculos que lo convierten en un personaje de equilibrio.
A eso se suma su cercanía con José Ramiro López Obrador, “Pepín”, con quien comparte una relación política de dos décadas. Esa vieja confianza le abre las puertas del despacho del secretario de Gobierno; también el respaldo implícito del gobernador.
La política en el exedén suele ser despiadada con quienes pierden un padrino o se inclinan demasiado hacia un solo grupo. Marcos, en cambio, ha encontrado el punto justo entre la prudencia y la institucionalidad.
Por eso, su reelección lo coloca en posición de ser tomado en cuenta para la carrera rumbo a la alcaldía de Centro, donde Bracamonte y Daniel Casasús llevan meses en competencia.
Mientras tanto, el contraste con la arena nacional resulta inevitable.
En el Senado, Morena decidió quitarse de encima a Fernández Noroña, incapaz de moderar su estilo beligerante.
En Tabasco, en cambio, se apuesta por un cuadro que ha sabido tratar con respeto a las fracciones minoritarias, incluyendo a MC, PVEM, PT, PRD y el PRI. Ese detalle habla de dos formas de entender la política: una que se desgasta en pleitos y otra que suma puntos a través de la mesura.
El nuevo período legislativo arranca el 5 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de septiembre de 2026. Marcos Rosendo encabezará la Mesa Directiva con la misma astucia que le ha permitido escalar hasta donde está.
: LA RÚBRICA
Tres años después, el expediente Pemex–proveedores sigue abierto y agravado. La entrevista con Eustacio Pérez, representante del Frente Amplio de Subcontratistas en Tabasco, en Telerreportaje, aporta datos verificables: planean un paro masivo y bloqueos carreteros en el Sureste si Pemex no liquida adeudos acumulados desde finales de 2023 y todo 2024. Asegura que la empresa pretende excluir 2024 con un “borrón y cuenta nueva”, lo que dejaría fuera a quienes ya entregaron bienes y servicios. En Tabasco, la deuda con subcontratistas ronda los 5 mil millones de pesos; además, denuncia rezagos con contratistas y falta de reconocimiento pleno de saldos. Exigen mesa de diálogo, calendario y transparencia de pagos, y han solicitado atención de la Secretaría de Energía, de la Presidencia y del director de Pemex. Estos hechos contradicen el mensaje oficial de que los adeudos estarían ya cubiertos en buena medida. La versión oficial ha sostenido que se han realizado pagos parciales, pero en campo la evidencia recogida por los proveedores indica lo contrario. La culpa política recae en Octavio Romero Oropesa. Bajo su administración se generaron y dejaron sin resolver los compromisos que hoy presionan a la cadena productiva. El saldo es medible: proveedores sin flujo, empleos en riesgo y una presión social que escalará si no hay un plan inmediato, verificable y público de liquidación de adeudos… Carlos Loret de Mola respondió al video difundido por el tabasqueño Pío López Obrador, en el que el hermano del expresidente afirmó haber sido exonerado por el INE en el caso de los sobres con dinero. Según Loret, esta reaparición pública coincide con la entrada en funciones del nuevo Poder Judicial, lo que a su juicio demuestra una intención de utilizar a jueces y magistrados contra él y contra Latinus. El periodista recordó que Pío mantiene una demanda en su contra por 400 millones de pesos, derivada de la difusión de aquellos videos. Señaló que el propio demandante no se conforma con una disculpa, sino que insiste en sanciones económicas severas, lo que interpreta como un intento de presión política. El caso es un choque de intereses: de un lado, la defensa personal de Pío López Obrador; del otro, el señalamiento de Loret sobre el posible uso político de las instituciones recién renovadas. ¿A quién le dará la razón la nueva Corte?
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