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El pasado 1 de junio, México vivió un hecho sin precedentes: una elección judicial que, en teoría, buscaba acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. Pero lo que debía ser un ejercicio democrático se convirtió en una operación política financiada desde el Estado.
La revista Proceso documentó muy bien que la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, pagó por la impresión de millones de “acordeones” con nombres de candidatos afines al oficialismo. El contrato fue firmado como urgente, justo en los días previos a la elección, y en plena temporada donde estaba prohibido promover programas sociales.
Los testimonios de operadores anónimos revelan que se usaron manuales para repartir los acordeones simulando una “promoción democrática”, vinculando los materiales con beneficios sociales.
El resultado fue claro: los candidatos promovidos en esos acordeones fueron los que resultaron electos.
Lo más grave no es solo el uso indebido de recursos públicos violatorios sino la defensa institucional que lo respalda.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó la existencia de una veda electoral, cuando se le preguntó en su mañanera a pesar de que se trataba de una elección para sustituir a integrantes de un poder autónomo.
Con ello, se normalizó la intervención del Ejecutivo en un proceso que debió ser independiente, sin que hubiese consecuencias.
Este episodio revela una tendencia preocupante: el debilitamiento de los contrapesos, la manipulación de la narrativa democrática y la consolidación de un modelo donde el Estado deja de ser árbitro para convertirse en jugador.
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