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En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha impulsado una reforma a la ley estatal de expropiación que permite al gobierno tomar bienes particulares con un plazo de apenas cinco días para responder y hasta diez años para pagar la indemnización. Todo bajo el argumento del “bienestar del pueblo”.
Pero esta reforma no es aislada. Se da en un contexto donde el juicio de amparo, última defensa del ciudadano, ha sido debilitado por una Suprema Corte alineada al poder ejecutivo. Y donde el discurso oficial convierte cualquier crítica en traición.
¿Estamos ante el inicio de una dictadura? La pregunta no es exagerada. Basta mirar a Venezuela.
Desde 1999, Hugo Chávez convirtió la expropiación en símbolo de su proyecto político. Prometió justicia social, pero ejecutó confiscaciones sin planeación, sin compensación justa y sin visión económica. El resultado fue desabasto, desempleo y una economía dependiente del Estado. La propiedad privada se volvió sospechosa. La inversión desapareció. Y la pobreza se multiplicó.
Hoy, México repite el guion. Se expropia no para construir hospitales, sino para consolidar poder. Se debilitan los contrapesos, se normaliza el abuso legal, y se presenta el despojo como justicia social.
Pero la justicia no se decreta. Se construye con instituciones sólidas, respeto a la propiedad, inversión productiva y políticas que generen oportunidades reales.
Lo demás es populismo con factura diferida.
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