Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
El exedén tiene sus propias historias de redención y caída, y la de Abraham “Chelo” Cano parece encaminarse más a lo segundo. Tres hechos marcan su nueva tormenta: la reprobación de su cuenta pública 2024, su defensa en Telerreportaje y el severo diagnóstico del vocero de Morena, Roberto Romero del Valle. Cada uno revela un aspecto del colapso político del exalcalde ‘independiente’ de Cunduacán.
Primero, la reprobación de su cuenta pública es el reflejo de lo que el propio Romero del Valle llamó “mal manejo comprobado” de los recursos públicos. Es decir, no se trató de simples omisiones, sino de una gestión plagada de irregularidades, obras inconclusas y justificantes que no resisten Auditoría.
Segundo, su entrevista en Telereportaje fue un intento fallido de construir un relato victimista. Chelo Cano quiso presentarse como un perseguido político de Morena, pero terminó revelando más de lo que ocultó. Su discurso, entre quejas y comparaciones con Segalmex, el Tren Maya o SEDATU, buscó diluir su responsabilidad en un mar de corrupción nacional.
La táctica es vieja: cuando no hay defensa, se apela al “todos lo hacen”. Pero aquí la narrativa se desmorona porque el señalamiento es local, concreto y documentado.
Tercero, y más contundente, el mensaje de Romero del Valle tiene un severo peso político. Cuando el vocero morenista advierte públicamente que Cano cometió faltas graves y le recomienda buscar un despacho jurídico, no es un comentario casual. Es un aviso.
Esas palabras equivalen a colocarle el primer ladrillo del muro judicial. Y si el proceso sigue su curso, Abraham Cano podría convertirse en el primer exalcalde en pisar prisión en esta nueva etapa de fiscalización morenista.
Cano intentó disfrazar de persecución lo que parece una consecuencia natural de su oscura administración. Y es que hay derrotas que se explican y otras que se pagan. Esta última categoría es la que se cierne sobre él.
Más allá de la retórica defensiva del dizque ‘independiente’, lo dicho por Romero del Valle suena a justicia para quienes usan los cargos con un fin de desfalco público.
Ya era hora de actuar en este sexenio.
:LA RÚBRICA
Durante su gira por Centla, el gobernador May subrayó que en lo que va del 2025 se han invertido más de 127 millones de pesos en obras de infraestructura pública. La cifra, confirmada por el secretario de Ordenamiento Territorial y Urbano, Daniel Casasús Ruz, es una política de continuidad en materia de desarrollo regional, donde el énfasis está en la obra visible, en la regularización de la tierra y la entrega de títulos de propiedad. La estrategia: calles, drenaje, agua potable y certeza patrimonial… El acuerdo salarial entre el Gobierno de Centro y la Sección 01 del SUTSET fue una negociación bajo un esquema de entendimiento institucional. El incremento del 4.7 por ciento, superior al del periodo anterior, es un avance moderado pero constante en la atención a las demandas laborales dentro del municipio. La alcaldesa Yolanda Osuna mantuvo un tono conciliador al reconocer la aportación del personal operativo y administrativo, lo que que prioriza la estabilidad interna como base para mejorar los servicios públicos. Por su parte, el dirigente sindical David Morales Romero subrayó la importancia del diálogo como equilibrio entre los intereses del gobierno y de los trabajadores. El acuerdo parece consolidar un ambiente laboral ordenado, sin estridencias ni conflictos visibles en el horizonte… Los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco parecen vivir en otra dimensión. Autorizarse un sueldo de 89,500 pesos mensuales en 2026, prácticamente igual al del gobernador, es un insulto a los ciudadanos que sostienen, con su trabajo y sus impuestos, a un organismo que debería dar ejemplo de mesura, no de privilegio. Mientras la 4T promueve con insistencia la llamada austeridad, estos consejeros exhiben una desconexión vergonzosa con la realidad social. En un estado donde la mayoría enfrenta salarios precarios y servicios públicos que aún claman por eficiencia, resulta ofensivo que un grupo de burócratas se premie a sí mismo con ingresos que rayan en la obscenidad institucional. Aun más irritante es la hipocresía: hace apenas un año se jactaban de reducir sus percepciones para “alinearse” con la política de austeridad. Hoy, vuelven a inflar su bolsillo sin pudor. Si el IEPCT pretende conservar un gramo de credibilidad, más vale que empiece por entender que el derroche, aquí, no es solo económico: es moral… En plena fiesta de sus 70 años, Ricardo Salinas Pliego soltó un trueno político: que el SAT le diga cuánto debe y que él lo paga en diez días. Así, sin rodeos. La escena tuvo sabor a maniobra preelectoral. Salinas es un opositor frontal a la 4T y, en los últimos meses, ha dejado ver su interés por jugar en la grande, la Presidencia de la República. Su mensaje busca proyectarlo como un hombre práctico, dispuesto a cerrar viejos pleitos con el gobierno y presentarse como el empresario que paga. Del otro lado, la administración de Claudia Sheinbaum observa, sin entrar al juego del magnate. El reloj fiscal corre, y también el político: diez días pueden ser mucho más que una promesa de pago, frente a 2027 y el futuro de TV Azteca.
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