CARTA ABIERTA
El magnicidio de Carlos Manzo es casi comparable en resonancia al trauma generado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Por eso, su ejecución se ha convertido en un parteaguas.
Por ahora, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, no descarta que el ataque haya sido una represalia por la reciente detención de un líder criminal regional, ‘El Rino’, efectuada por la policía municipal de Uruapan.
Lo cierto es que el impacto político inmediato se sintió en la narrativa de seguridad federal. Y la indignación nacional es palpable. A nivel estatal, el hecho intensificó la presión de renuncia sobre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en cuya gestión suman siete alcaldes ultimados.
Columnistas y la oposición critican que Bedolla esté en una lista negra del Gobierno estadounidense, lo que añade una serie de sospechas.
Ante la crisis, la presidenta Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. Al mismo tiempo, se reunió con la viuda del alcalde, Grecia Quiroz, y confirmó que seguiría en comunicación para apoyar al municipio.
Quiroz rindió ayer miércoles protesta como alcaldesa sustituta ante el Congreso del Estado. Con convicción, prometió seguir el legado de su esposo: «Jamás pactó con nadie, su lucha fue transparente y va a seguir así».
Por otro lado, el regidor herido en el ataque, Víctor Hugo de la Cruz, reafirmó que el movimiento fundado por Manzo, conocido como el «Movimiento del Sombrero», seguirá adelante, asegurando: «La voluntad del sombrero no muere, la voluntad del sombrero está más viva que nunca».
El asesinato ha tenido también implicaciones geoestratégicas inmediatas. En Washington, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, confirmó que la administración Trump sigue el caso “muy de cerca” y mantiene una presión constante sobre México en seguridad y narcotráfico. El homicidio en una entidad clave para el comercio (el aguacate) fue visto allá como un indicador del deterioro del control territorial y un riesgo regional.
Aunque el gobierno estadounidense respeta a Sheinbaum y valora la cooperación, Washington no cederá en su exigencia de resultados en el combate a la delincuencia. Por eso, la Casa Blanca ha designado a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FET), lo que permitiría a EE.UU. intervenir de forma más directa en operaciones directas en territorio mexicano.
Al final, la nueva alcaldesa de Uruapan promete seguir el legado de su esposo: no pactar. La valiente mujer garantiza que el “Movimiento del Sombrero” seguirá como el símbolo de la resistencia civil ante un Estado mexicano amenazado.
No hay mucho más que decir…
