Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
El homicidio del alcalde Carlos Manzo ha trascendido la etiqueta de un simple ajuste de cuentas del crimen organizado para revelarse como un oscuro complot que implica una profunda traición institucional y complicidades políticas en Michoacán.
La complejidad del caso se ha vuelto tan enredada que ha requerido una intervención de alto nivel para intentar desentrañar la red de corrupción que permitió la ejecución de un funcionario que abiertamente criticaba la violencia en Uruapan y el resto del país.
La línea más turbia y mejor documentada apunta a la traición interna. Los siete escoltas de Manzo, que juraron protegerlo, lo vendieron a los capos. Pruebas irrefutables, mostradas a la viuda Grecia Quiroz por Omar García Harfuch, confirmaron la traición: mensajes de texto explícitos, transferencias bancarias de entre 50,000 y 200,000 pesos.
A esta traición se suma la cuestionable actuación de las autoridades locales. El caso se enturbió dramáticamente cuando se reveló que Demetrio N, jefe de la Policía municipal y director de seguridad de Manzo, fue quien le disparó mortalmente al sicario adolescente Víctor Manuel, usando su propia arma, después de someterlo. Además, se reportó que los escoltas detenidos habrían evitado la atención inmediata de los paramédicos al sicario herido.
Lo que se sabe ahora es que el homicida adolescente actuó bajo las órdenes de «El Licenciado,» quien a su vez respondía a Ramón Álvarez Ayala, «El R1,» capo en Michoacán. El nexo político se extiende con la presencia de Rondán Álvarez Ayala, consejero de Michoacán y hermano de «El R1». La viuda también exige investigar a políticos como Leonel Godoy y el exalcalde Nacho Campos, a quienes Manzo había confrontado.
Lo que diferencia este caso es el decidido interés de Omar García Harfuch en llegar al fondo de esta podredumbre. Las declaraciones de los escoltas detenidos abrieron la «caja de Pandora,» confirmando que la red de traición se extendía hasta «niveles más altos del gobierno estatal”, empezando por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
:LA RÚBRICA
La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) ha desmentido las acusaciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre los bloqueos carreteros, rechazando supuestos «tintes políticos». La movilización, desplegada en Chihuahua, Michoacán, Jalisco y otros estados, se debe al «hartazgo» por la inseguridad, pues los robos de unidades han escalado dramáticamente (81% con violencia), muchos de ellos cometidos por la Guardia Nacional. También se protesta por la corrupción policial derivada de la ineficiencia de la SICT en trámites básicos, como licencias y emplacamiento. ANTAC reitera que las acciones continuarán de manera indefinida si no hay soluciones a sus demandas.
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